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Jaime GUERRERO
El secretario de Finanzas de Oaxaca, Farid Acevedo López, compareció ante el Congreso del Estado, presentando una gestión financiera marcada por disciplina fiscal, reducción de deuda y cero endeudamiento nuevo, pero enfrentó cuestionamientos sobre el presupuesto, dependencia federal estructural, distribución inequitativa de recursos y la desconexión entre estabilidad contable y desarrollo económico real.
También la sesión quedó marcada por un momento incómodo cuando el funcionario exhibió al diputado petista Dante Montaño Montero por omisiones fiscales cometidas durante su gestión como presidente municipal de Santa Lucía del Camino.
Acevedo López presentó cifras que reflejan tres años de gestión sin contratar deuda nueva para financiar gasto operativo.
En 2025, los ingresos totales ascendieron a 105,680 millones de pesos, de los cuales 6,912 millones corresponden a ingresos de gestión, con un crecimiento de 5.19%.
El saldo de la deuda con instituciones financieras disminuyó de 17,133 millones de pesos a 16,225 millones, mientras que el pasivo total pasó de 35,212 millones en noviembre de 2022 a 26,281 millones al cierre de 2025.
En programas sociales prioritarios se destinaron 4,458 millones de pesos. El refinanciamiento de más de 14 mil millones de pesos permitió reducir la tasa promedio de interés del 9.8% al 7.4%, generando ahorros anuales superiores a 192 millones de pesos.
Movimiento Ciudadano: inversión histórica versus contracción económica
La diputada Alejandra García Morlán planteó la contradicción más incómoda: cómo explicar que con una inversión calificada como “histórica” de 12,422 millones de pesos, Oaxaca sea el tercer estado con peor desempeño económico del país en 2025, con una contracción del 5.4% según el INEGI.
La legisladora identificó la dependencia federal como el principal riesgo estructural: más del 93% de los ingresos provienen de la Federación y las aportaciones federales cayeron 7.52%, particularmente en fondos de educación y salud.
La diputada cuestionó la sostenibilidad del incremento del 21% en programas sociales y advirtió que más de 2,111 millones de la inversión autorizada serán ejercidos hasta 2026.
PRI: discurso humanista, práctica neoliberal
El diputado Javier Cacique Zárate identificó una paradoja central: mientras el discurso político se presenta como humanista y contrario al neoliberalismo, las decisiones económicas concretas responden a una racionalidad fiscal ortodoxa.
Señaló que frente a la caída del 3.5% en ingresos totales, la respuesta del gobierno fue fortalecer los ingresos propios mediante incrementos en impuestos y derechos, una herramienta clásica del ajuste fiscal.
El legislador identificó una tensión no resuelta: mientras se incrementa la recaudación, simultáneamente se otorgaron 1,832 millones de pesos en estímulos fiscales sin que el informe precise el impacto social o redistributivo. “¿Cómo explicar que un gobierno que se dice humanista enfrente la caída de ingresos federales con más recaudación y disciplina fiscal, y no con medidas que amortigüen el impacto en las familias?”, cuestionó.
El choque PT-Secretario: el fiscalizador fiscalizado
El episodio más polémico ocurrió cuando el diputado del PT, Dante Montaño Montero, acusó graves inconsistencias: una discrepancia de 4,000 millones de pesos entre lo reportado por el estado en participaciones federales (34,813 millones) y lo que la SHCP informó al Congreso de la Unión (38,030.6 millones).
Detectó otra inconsistencia en aportaciones federales de más de 5,000 millones.
Montaño Montero cuestionó el costo del Binnibus como negocio electoral, confrontó la narrativa sobre la tenencia vehicular, denunció conflictos de interés señalando que quien fuese socia del despacho contable del secretario es hoy responsable del cuidado ético del funcionariado, y detectó un subejercicio de 4,867 millones de pesos, preguntando si estas cifras serán “maquilladas” en la cuenta pública.
Sin embargo, el tiro le salió por la culata. Acevedo López respondió:
“Quiero comentar que en muchos municipios dejaron de pagar el ISR y nosotros como estado hemos destinado más de 400 millones en rescatar a esos municipios. ¿Y quién cree que era uno de esos municipios? Santa Lucía del Camino”.
El secretario detalló que el estado rescató al municipio que presidió Montaño Montero con un crédito de 2021, pagando 10 millones de pesos por omisión fiscal, de los cuales el estado puso 70% (casi 7 millones) y el municipio 30%.
Sobre la tenencia vehicular, el secretario respondió con ironía y le afirmó “no estamos jugando con la tenencia”.
Sobre las supuestas observaciones de 5,000 millones de la Auditoría, fue contundente: “En 2023 nos observaron cerca de 700 millones, se solventaron casi 400 y actualmente solo nos quedan 200 millones por solventar. Pues la verdad, a lo mejor sí uso lentes, pero sé leer las cifras”.
Las observaciones preliminares de 2024 rondan los 200 millones, sumando 400 millones en total, “una gran diferencia respecto de 5,000”.
La diputada Eva Diego Cruz cuestionó por qué el 58% de los 12,422 millones de pesos de inversión pública se destinó a Valles Centrales, mientras otras regiones recibieron proporciones menores.
La legisladora contextualizó que del presupuesto 2025 de 105,680 millones, el 75% se ocupa para el funcionamiento del aparato gubernamental, con un sector de salud colapsado y endeudado.
Grupo Plural: trazabilidad de recursos y mecanismos de evaluación.
La diputada Lizbeth Concha Ojeda reconoció los avances en la reestructura de deuda que generó ahorros de 192 millones anuales, pero demandó precisión sobre el destino específico de estos recursos liberados.
Cuestionó por qué en tratamiento de residuos sólidos solo se aprobaron 3.08 millones inicialmente pero en ampliaciones presupuestales se destinaron 86.75 millones.
Exigió conocer qué mecanismos de monitoreo, auditoría y evaluación del desempeño presupuestal se están implementando para garantizar que el incremento en gasto social e inversión pública se traduzca efectivamente en mejores indicadores de bienestar.
Morena: celebración con cuestionamiento municipal
El diputado Oliver López García, presidente de la Comisión de Hacienda, reconoció los avances en disciplina fiscal y celebró la mejora en la calificación crediticia del estado.
Sin embargo, se convirtió en portavoz del cuestionamiento de las autoridades municipales: por qué se les pagó a los 570 municipios participaciones inferiores del Fondo de Fomento Municipal en octubre de 2025 y del Fondo General de Participaciones en noviembre.
La diputada Dulce Belén Uribe Mendoza afirmó que el saneamiento de la deuda constituye un acto de responsabilidad histórica y que la inversión pública se ha duplicado con un incremento superior al 60%. El diputado Isaías Carranza Secundino, de Fuerza por Oaxaca, planteó la necesidad de fomentar la inversión privada como factor clave para el bienestar.
