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La violencia volvió a estallar en la zona limítrofe de San Juan Mazatlán Mixe, en el Istmo de Tehuantepec, donde habitantes de la agencia Loma Santa Cruz denuncian estar prácticamente sitiados por pobladores de Santo Domingo Petapa.
Al menos 55 familias permanecen desplazadas desde hace una semana tras la incursión de un grupo de comuneros armados, en una serie de hechos violentos que también han dejado una persona muerta y por lo menos otras dos personas desaparecidas, denunciaron autoridades y pobladores.
La escalada de violencia inició el 18 de febrero pasado. Ese día ingresaron 10 camionetas con gente armada, así como maquinaria pesada, en la zona del conflicto agrario.
Posteriormente abrieron un camino en la zona de Loma Santa Cruz y realizaron disparos hacia la comunidad, lo que provocó que aproximadamente 30 familias huyeran hacia la población de Arroyo Cuchara, en el municipio de San Juan Guichicovi.
La situación se agravó en los días siguientes. Los invasores sembraron pánico en toda la zona, amenazando también a los miembros de las comunidades de Los Valles y Rancho Juárez con expulsarlos de forma violenta.
Un joven del lugar fue golpeado por los invasores y también se reportó la desaparición de Israel Cabrera Andrés. Su muerte fue posteriormente confirmada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Las autoridades municipales y comunales de San Juan Mazatlán responsabilizaron directamente al presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Aldo Enrique Cruz Domínguez, así como a integrantes del comisariado de Bienes Comunales, de agresiones, secuestro, privación ilegal de la libertad y otros delitos en agravio de las familias de Loma Santa Cruz.
Un conflicto con raíces profundas y sangre reciente
El conflicto agrario entre San Juan Mazatlán Mixe y Santo Domingo Petapa, por la posesión de 26 mil 800 hectáreas de bosques de pino y cedro, resurgió con fuerza y volvió a tensar las relaciones entre ambos municipios oaxaqueños.
La disputa, que data de 1972 , acumula episodios de sangre que permanecen impunes.
La chispa más reciente fue encendida por una obra de infraestructura federal: el conflicto resurgió a partir de que San Juan Mazatlán fue beneficiado con el proyecto de caminos artesanales durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al construir la obra en la comunidad de Lomas de Santa Cruz, que cruza entre Petapa y Mazatlán, se desató una situación de conflicto, fueron suspendidos los trabajos y la comunidad realizó una zanja para evitar que se continuaran.
La Ucizoni señaló que los agresores han seguido actuando violentamente porque permanecen impunes los homicidios de Wilfrido Atanacio Cristóbal, Abraham Quirino Ortiz y Victoriano Quirino Jiménez, vecinos de El Platanillo, asesinados el 13 de febrero de 2025 en una emboscada por el grupo armado conocido como “De los 33”; así como el homicidio de Porfirio Bautista Domínguez y siete personas más lesionadas en una emboscada ocurrida el 12 de mayo de 2023.
A pesar de esos antecedentes, el Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México dictó sentencia el 15 de mayo de 2024, reconociendo a favor de San Juan Mazatlán Mixe y las localidades de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, San Antonio del Valle y Los Valles, una superficie total de 44,585 hectáreas de tierras ancestrales y de uso común.
La resolución no ha bastado para frenar la violencia.
Los lugareños reclamaron que, a pesar de la situación, el gobierno no ha intervenido de forma contundente en el conflicto.
En la zona del conflicto agrario, los niños y niñas llevan poco más de un año sin clases, los médicos no van por miedo, al igual que los comerciantes.
La Ucizoni demandó el restablecimiento de la energía eléctrica en las poblaciones mixes de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, San Antonio del Valle y Los Valles; el restablecimiento de las actividades educativas en los tres niveles en Loma Santa Cruz; la garantía de personal médico y medicamentos, y el establecimiento de una Mesa de Atención Agraria de nivel federal, pues la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca no es competente para una atención adecuada al conflicto.
El diputado Raynel Ramírez Mijangos, integrante de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura de Oaxaca, pidió a las autoridades estatales y federales de justicia que enviaran seguridad a la zona y cuestionó abiertamente por qué desde Petapa se convocó a los jóvenes a ir armados en lugar de llevar víveres.
