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La diputada morenista Yamil Arroyo Juárez exhortó a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal a realizar una revisión integral de las condiciones de seguridad, supervisión e infraestructura en todas las casas hogar y centros de asistencia social bajo su responsabilidad, luego del accidente en el que dos niñas migrantes de origen haitiano perdieron la vida en el albergue “Casa Pato”.
Ese albergue a cargo del DIF Estatal, está ubicado a un costado de la sede del Congreso del Estado, en el municipio de San Raymundo Jalpan.
El producto legislativo fue turnado a comisiones para su análisis, sin embargo, el mensaje de fondo es que fue enviado a la “congeladora legislativa”.
La iniciativa surge a raíz de los hechos ocurridos recientemente en esa casa hogar adscrita al Sistema DIF Estatal, donde las menores se encontraban bajo custodia institucional, junto con su madre.
Sin pronunciarse sobre las investigaciones en curso a cargo de las autoridades competentes, Arroyo Juárez advirtió que cuando una tragedia ocurre en un espacio que debía ser seguro, el Estado tiene el deber inmediato de revisar, fortalecer y prevenir.
A través de un punto de acuerdo presentado ante el Congreso del Estado de Oaxaca, la legisladora sostuvo ante el pleno que “el punto de acuerdo no busca señalar culpables. Busca evitar que una tragedia vuelva a repetirse.”
En su argumentación, la diputada invocó el artículo 4º de la Constitución federal, que establece el interés superior de la niñez como principio rector de todas las decisiones y actuaciones del Estado.
Aclaró que dicho principio no tiene carácter declarativo sino vinculante: impone un deber reforzado de cuidado, prevención y protección, especialmente cuando las personas menores de edad se encuentran bajo resguardo institucional.
Arroyo Juárez planteó que las casas hogar y centros de asistencia social no son simples instalaciones públicas, sino espacios donde viven niñas, niños y adolescentes separados de su entorno familiar por situaciones de abandono, violencia o movilidad humana, quienes dependen en forma absoluta del Estado para su protección.
Entre las medidas que contempla el exhorto figuran la implementación inmediata de acciones preventivas y correctivas, el establecimiento de protocolos claros de supervisión, la restricción efectiva de acceso a zonas de riesgo, la capacitación constante del personal y la activación de mecanismos de respuesta ante emergencias.
Además, el punto de acuerdo solicita que el DIF informe a la Legislatura sobre las acciones adoptadas.
La legisladora calificó el asunto como de urgente y obvia resolución, al señalar que la protección de la niñez no admite dilaciones y que cada día sin revisar condiciones de riesgo potencial representa una falla en el deber de prevención del Estado, sin embargo no tuvo eco de sus pares de Morena, el PT, el Verde ecologista, fuerza por Oaxaca y el grupo plural independiente.
“La seguridad no es opcional, es una obligación absoluta. Fortalecer las medidas de protección no es un acto político; es un acto de responsabilidad institucional”, cerró Arroyo Juárez ante sus compañeras y compañeros legisladores.
