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Con una resolución de tribunal agrario firmada por el presidente Miguel Alemán Valdés el 29 de marzo de 1951 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la familia Sarmiento rechazó las demandas de vecinos de la colonia Volcanes que exigen la cesión de cinco metros del predio del Instituto Luis Sarmiento en Villa San Luis para la construcción de una banqueta sobre la calle Volcán de Fuego, y desmintió que el inmueble sea producto de una invasión.
En un pronunciamiento, la familia advierte que los asentamientos irregulares establecidos a partir de 1975 en la acera opuesta a la barda perimetral del instituto “no respetaron el alineamiento para agrandar sus predios, generando ellos mismos la problemática que hoy quieren corregir invadiendo otro predio”.
La barda perimetral de Villa San Luis tiene pleno respaldo legal desde aquella resolución de hace más de siete décadas.
Sin embargo, la estructura acumuló daños al ser afectada de manera dolosa con maquinaria pesada y por los sismos del 2 de agosto de 2025 —magnitud 5.9 con epicentro en Tlacolula de Matamoros— y del 3 de diciembre del mismo año, de magnitud 5.2 con epicentro en La Crucecita, lo que motivó una indicación de Protección Civil para prevenir riesgos de desplome.
Al iniciar los trabajos de nivelación, grupos de vecinos y organizaciones sociales obstaculizaron las labores e incluso cortaron con navaja una lona colocada provisionalmente para proteger el perímetro.
Villa San Luis es el remanente de la antigua Hacienda de San Luis Beltrán, afectada por la reforma agraria para constituir diversas comunidades.
La familia Sarmiento afirma haber donado en su momento múltiples superficies para la creación de escuelas públicas, mercados y parques en la ciudad.
El instituto que hoy opera en el predio imparte, además de materias de nivel científico, educación ambiental y convivencia con animales de granja, un modelo pedagógico con reconocimiento nacional e internacional.
Sobre el origen del conflicto, el pronunciamiento es categórico: “desde el año 2001 un grupo de personas que inclusive muchos no corresponden a esta zona han intentado mediante amenazas inclusive públicas, mediante difamaciones graves en redes sociales acusar que esos terrenos son producto de invasión, acusando que ellos han sido despojados de estos predios, recurriendo a actores políticos y grupos políticos que los han mal aconsejado y por todos los medios posibles que están fuera de la ley han intentado presionar para obtener su cometido.”
Respecto a la exigencia de cesión del terreno, la familia rechaza el planteamiento al recordar que donar implica “liberalidad de transmitir gratuitamente algo que le pertenece”, es decir, un acto voluntario y civilizado, “siendo que lo único que se ha recibido de los actores políticos y de los pretendientes a esta gestión son mentiras, difamaciones y amenazas.”
La familia señala además que el propio movimiento ha manifestado públicamente contar con contactos dentro del Ayuntamiento de Oaxaca.
No obstante, hace un llamado a las autoridades municipales al “correcto manejo de la institucionalidad, al respeto a las garantías constitucionales, el respeto a la propiedad privada y al diálogo sereno y favorable para la sociedad”, e invita a los vecinos inconformes “a la civilidad y el diálogo.“
