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Una diputada de Morena lanzó una velada acusación directa contra el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla: que opera con criterios políticos, que es cómplice de la impunidad y que la justicia en Oaxaca no se procura por igual para todos, sino que queda reservada para los funcionarios del Estado y sus familias.
“Deje de ver la justicia con lentes políticos, dejen de ser cómplices de la impunidad. Si las víctimas siguen esperando respuestas, si las investigaciones siguen sin resultados y si la sociedad sigue sin conocer la verdad, es inevitable pensar en la complicidad de la institución. Señor Fiscal, atienda a todos los ciudadanos que es su responsabilidad, o acaso sólo tendrán seguridad y justicia los funcionarios del Estado y sus hijos”, afirmó Jimena Yamil Arroyo Juárez desde la tribuna legislativa.
Para concretar esas exigencias, la legisladora presentó una proposición con punto de acuerdo por la que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Oaxaca exhorta a la Fiscalía a presentar un informe público de acceso abierto sobre el desempeño institucional en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres.
Asimismo a informar sobre los avances en la indagatoria del atentado contra el expresidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, en el que una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas.
La diputada fue directa al señalar la opacidad de la institución como un problema político, no solo administrativo.
“Estamos señalando la opacidad de la Fiscalía, la lentitud de su sistema que revictimiza y protege a los agresores”, dijo.
En su guión, cuestionó sin rodeos: “¿La falta de resultados en muchos casos se debe a limitaciones institucionales, o existen intereses que impiden que ciertas investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias? ¿Las carpetas de investigación no avanzan por falta de capacidades, o porque existen presiones que prefieren que algunos expedientes permanezcan en el silencio?”.
Arroyo Juárez planteó además una contradicción política de fondo sobre el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad.
“¿Cuántos escoltas están destinados a la seguridad de funcionarios de alto nivel en este estado y cuántos millones se destinan a esto? Porque mientras algunos servidores públicos cuentan con dispositivos completos de seguridad, hay mujeres víctimas de violencia, testigos clave y madres buscadoras que enfrentan riesgos reales sin ningún tipo de protección institucional.”
Sobre el atentado en Mazatlán Villa de Flores, cuya autoría y móviles permanecen sin esclarecerse públicamente, la legisladora advirtió que cuando los casos de alto impacto no se esclarecen, lo que crece en la sociedad no es la confianza, es la sospecha.
La diputada también puso en términos políticos la responsabilidad del Estado frente a las mujeres.
“El estado nos está violentando cuando simula que nos protege: cuando los delitos no se esclarecen, cuando las investigaciones no avanzan, cuando las víctimas no reciben justicia. Lo que la sociedad percibe es algo profundamente peligroso: la impunidad.”
El punto de acuerdo fue presentado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y quedó pendiente de votación al cierre de esta edición.
A este producto legislativo se sumaron la mayoría de las diputadas de las bancadas de Morena, PT, fuerza por Oaxaca y Verde ecologista.
