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Organizaciones sociales y agrarias de Oaxaca exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el esclarecimiento inmediato del feminicidio de Nazaret Cortés Velasco, presidenta del comisariado ejidal de San Pedro Totolápam, en un contexto de creciente impunidad contra defensores del territorio en el estado.
Cortés Velasco, de 38 años, fue asesinada en la madrugada del jueves 19 de marzo cuando regresaba a su domicilio. Sujetos armados emboscaron la camioneta oficial del comisariado en el kilómetro 80 de la carretera federal 190, en jurisdicción de San Pedro Totolápam.
Su hija Monserrat Cortés Velasco, de 24 años, que la acompañaba en el vehículo, resultó herida por arma de fuego y fue trasladada a un hospital para su atención.
En el parabrisas de la camioneta se contabilizaron 12 orificios de bala; en el lugar se hallaron 29 casquillos percutidos calibre nueve milímetros.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por feminicidio, aunque hasta el viernes la institución no había informado sobre detenidos o líneas de investigación concretas.
Apenas el 9 de marzo, Cortés Velasco había encabezado una jornada de Ordenamiento Territorial Comunitario en el paraje Barranca Escarbada, en la que se instalaron cámaras trampa para monitorear la fauna silvestre y frenar la cacería de venados y otras especies endémicas de la región.
La demanda de justicia, dirigida también al gobernador Salomón Jara Cruz y a instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de las Mujeres y la Defensoría de Derechos Humanos, exige que la investigación se conduzca con perspectiva de género y enfoque comunitario para identificar a los autores intelectuales y materiales del crimen.
Las organizaciones señalaron que el crimen se produjo en medio del absoluto silencio de las autoridades locales, estatales y federales.
La Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras de Oaxaca condenó el asesinato y señaló que su muerte es un recordatorio del riesgo constante que enfrentan las mujeres en ejidos y comunidades.
En un desplegado, la Red reconoció en la figura de la dirigente ejidal la defensa cotidiana de la tierra y la importancia de la participación femenina en las decisiones agrarias, al tiempo que demandó medidas de protección inmediata para las mujeres que ocupan cargos de representación en Totolápam y en todo el estado.
El Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca situó el asesinato en un contexto de fuerte conflictividad interna en Totolápam, atribuida a intereses económicos vinculados al proyecto minero “El Águila”, operado por la empresa Don David Gold, filial de la estadounidense Gold Resource Corporation en San José de Gracia.
Un segundo factor de conflictividad es el nuevo tiradero de la capital del estado: el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), construido en 2024 en un predio de 30 hectáreas en Totolápam con un costo de 600 millones de pesos.
Desde 2025, ese predio recibe los desechos de la zona metropolitana de Oaxaca, alrededor de 850 toneladas diarias. San Pedro Totolápam cuenta con 3 mil 297 habitantes, de los cuales 87 por ciento se encuentra en situación de pobreza.
El Foro advirtió que en la región de los Valles Centrales existen 80 mil hectáreas concesionadas para minería y citó como caso crítico el ejido de San José del Progreso, donde la imposición de proyectos ha impedido la realización de asambleas agrarias y el nombramiento de autoridades legítimas desde hace años.
El organismo denunció que la actividad extractiva provoca impactos ambientales irreversibles en suelos y mantos acuíferos de ejidos y comunidades que representan el 80 por ciento del territorio estatal, y que conlleva la criminalización y agresiones contra las autoridades agrarias.
De acuerdo con informes de Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Oaxaca es actualmente uno de los estados más peligrosos del país para las mujeres defensoras del territorio, liderando las estadísticas nacionales en agresiones y asesinatos.
Uno de los casos más recientes es el de Irma Galindo, quien denunció el desplazamiento forzado de su comunidad en la región Mixteca y fue desaparecida en 2021, sin que haya indicios de su paradero.
Las organizaciones advirtieron que la implementación de la paridad de género en la Ley Agraria resulta insuficiente si el Estado no garantiza las condiciones para que las mujeres ejerzan sus cargos sin ser asesinadas.
Asimismo, señalaron que durante el actual periodo de gobierno de Sheinbaum se han registrado 34 asesinatos de personas defensoras en el país, lo que confirma que la lucha por la tierra sigue siendo la causa más atacada en México.
Las organizaciones coincidieron en exigir medidas urgentes a las instancias de procuración de justicia de Oaxaca para garantizar justicia a la familia de Nazaret Cortés Velasco y frenar la violencia sistémica contra los pueblos zapotecos que han declarado sus territorios prohibidos para la minería.
