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El sistema de justicia civil y familiar en Oaxaca opera en condiciones adversas: 60% de los juzgados tienen internet inestable, cuatro carecen por completo de conectividad y las únicas seis salas de oralidad disponibles comparten agenda con el sistema penal, con citas saturadas hasta 2027.

En ese contexto, el Poder Judicial del Estado arranca este jueves, el Foro Nacional sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con un mensaje directo a los poderes Ejecutivo y Legislativo: la implementación del nuevo ordenamiento requiere inversión, infraestructura y voluntad política.

El magistrado Juan Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, advirtió que este ordenamiento debería ser el tema central de la agenda jurídica nacional, pues regula las materias que concentran la mayor parte del trabajo de los órganos jurisdiccionales del país.

Y es que el 76.2% de todas las sentencias que se dictan son de materia civil y familiar. Mientras que de la materia penal apenas es del 20%.

El foro convocado por la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Rodriguez Rodríguez, también tendrá colaboración con la Benemérita Universidad de Oaxaca.

El nuevo Código, integrado por 1,191 artículos distribuidos en 10 libros, introduce figuras como las audiencias orales, el uso de tecnología, lenguaje claro y mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y población indígena.

Sin embargo, la brecha entre el diseño normativo y la realidad operativa es amplia, destacó Díaz Carranza.

Oaxaca cuenta con 66 juzgados en materias civil y familiar, más dos especializados —el Juzgado de Reconocimiento de Paternidad y el de Órdenes de Protección—, todos con cargas de trabajo que generan rezago estructural.

Solo seis de esos juzgados tienen acceso a una sala de oralidad, que no les pertenece y que comparten con el sistema de Justicia Oral Penal, cuya agenda está colapsada con audiencias programadas hasta 2027.

Díaz Carranza planteó el foro como una oportunidad para que los operadores del sistema, junto con legisladores federales, ministros en retiro y juristas que participaron en la redacción del Código, definan metas concretas y reconozcan abiertamente las deficiencias que amenazan una implementación exitosa.

“Las dificultades se convierten en retos y no en excusas”, afirmó el magistrado.

El encuentro tiene modalidad híbrida e incluye conferencias, talleres y paneles.

Díaz Carranza anunció que este foro es el primero de una serie de eventos que el Poder Judicial de Oaxaca y la Comisión que preside organizarán para avanzar en la implementación del nuevo ordenamiento procesal.