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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informaron este miércoles que no ha sido posible avanzar, en los términos solicitados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la principal demanda del magisterio disidente.
En un mensaje conjunto, los funcionarios señalaron que esa postura obedece a una razón de responsabilidad económica y presupuestaria, ya que diversos análisis técnicos muestran que una medida de esa naturaleza tendría un impacto de gran magnitud sobre las finanzas públicas nacionales, al comprometer recursos destinados a programas sociales, educación, salud e infraestructura de esta y de varias generaciones.
Rodríguez y Delgado detallaron que en las últimas semanas se han realizado cinco reuniones directas con la CNTE, incluida la de este miércoles, y que durante el último año se han sostenido más de 50 mesas de trabajo con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales.
Durante ese proceso de diálogo, dijeron, se presentaron propuestas concretas, rutas de trabajo y mecanismos de atención a los planteamientos, de modo que muchas de las demandas de la Coordinadora ya han encontrado solución y otras mantienen una ruta de seguimiento institucional.
La reunión de este miércoles se convocó ante la falta de respuesta de la CNTE a los planteamientos que el gobierno presentó en la mesa del pasado 10 de junio.
Ahí, los secretarios exhortaron a la Coordinadora a iniciar una nueva etapa de trabajo en la que se aborden, con mayor profundidad, rigor técnico y análisis jurídico y financiero, tres temas.
El primero es el fortalecimiento de la vertiente pública y solidaria del sistema de pensiones, a través de una aseguradora pública que trabaje conjuntamente con el Pensionissste para garantizar pensiones dignas a los trabajadores al servicio del Estado.
El segundo es concretar una reforma que establezca una nueva relación entre el Estado mexicano y el magisterio, a partir de la transparencia y el respeto a los derechos laborales, y evitar las prácticas del pasado neoliberal de influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas.
Los secretarios precisaron que este punto corresponde al compromiso número 27 de los 100 que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a la nación.
El tercero contempla mesas de trabajo en las entidades federativas para atender el rezago educativo, además de temas de reparación de daños a víctimas, justicia y reinstalación de maestros cesados.
Rodríguez y Delgado afirmaron que el gobierno ha actuado con apertura, respeto y voluntad de diálogo, convencido de que las mesas de trabajo son el espacio adecuado para construir acuerdos y atender las demandas del magisterio.
Reconocieron que en México se respeta el derecho a la protesta social y a la libertad de tránsito, y llamaron a la sociedad y a los actores involucrados a privilegiar las soluciones por encima de las diferencias, con miras a cerrar el ciclo escolar sin contratiempos para niñas, niños y adolescentes.
Los funcionarios destacaron que el gobierno seguirá privilegiando las negociaciones, el entendimiento y la construcción de acuerdos, con respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación pacífica y a los derechos de quienes transitan, trabajan y disfrutan de los espacios públicos del país.
Como resultado del encuentro, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE quedaron instalados como una mesa de carácter permanente, lo que, según los secretarios, reafirma la voluntad de diálogo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
