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La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó a la 01:08 horas de este viernes con el acuerdo de continuar el paro de labores en al menos 10 entidades del país, entre ellas Oaxaca, además de reproches al gobierno federal por la agresión sufrida por la dirigente del magisterio en Guerrero.
Durante la sesión, delegados de las secciones movilizadas reprocharon al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo los hechos de violencia, hostigamiento e intimidación contra Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), ocurridos el miércoles sobre la avenida del Imán, en la Ciudad de México.
De acuerdo con denuncias previas de la propia Veleces Morales, ese día al menos ocho docentes guerrerenses fueron retenidos por elementos de seguridad desplegados en la zona del Estadio Ciudad de México, quienes les sustrajeron pertenencias y destruyeron el teléfono celular de la dirigente.
Veleces Morales también señaló que recibió amenazas directas durante el operativo.
Tras esos hechos, integrantes de la Ceteg retuvieron temporalmente a trabajadores de la Secretaría de Gobernación (Segob) mientras se desarrollaba una mesa de negociación entre la CNTE y autoridades federales, a quienes posteriormente entregaron sin reportar agresiones en su contra.
La sección 22 de Oaxaca, uno de los contingentes con mayor presencia dentro de la Coordinadora, se pronunció por mantener el movimiento que inició el 1 de junio en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026.
La decisión se tomó luego de que las bases magisteriales oaxaqueñas consultaran los resultados de la mesa tripartita sostenida días antes con representantes de los gobiernos federal y estatal.
El paro nacional indefinido de la CNTE, que en el caso de Oaxaca arrancó el 25 de mayo, mantiene entre sus demandas centrales la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para pensiones, el restablecimiento de un esquema solidario de jubilación y la derogación de las reformas educativas vigentes.
La Coordinadora también exige un incremento del 100 por ciento al salario base, el cese de descuentos salariales a quienes han participado en las movilizaciones y el cumplimiento de acuerdos de no represión hacia el magisterio disidente.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, ha sostenido más de medio centenar de mesas de trabajo con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales en el último año, sin que ello se haya traducido en una solución definitiva al conflicto.
