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La Fiscalía de Oaxaca detuvo al síndico municipal de Santiago Choápam, Jorge Méndez Martínez, y al regidor de Hacienda, Avelino Bartolo Cruz, acusados de presuntamente retener, amenazar e intimidar a la presidenta municipal, Dolores Luciano Valadés, para obligarla a renunciar al cargo.
Ambos funcionarios son imputados por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), dentro de la causa penal 376/2026. Una tercera persona, Liz Magali Silva Pacheco, también figura como imputada en el proceso.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, los hechos ocurrieron los días 9 y 10 de junio de 2026, cuando presuntamente se realizaron actos de retención, amenazas e intimidación contra la edil.
Las investigaciones establecen que el objetivo habría sido presionar a Dolores Luciano Valadés para que firmara su renuncia a la Presidencia Municipal y aceptara la intervención de asesores técnicos que pretendían imponerle.
El caso quedó integrado en las carpetas de investigación 13427/FEDE/FEDE/2026 y 17807/FEDE/FEDE/2026, posteriormente acumuladas.
El 19 de agosto, agentes del Ministerio Público presentaron ante un juez los datos de prueba y solicitaron órdenes de aprehensión. La autoridad judicial consideró procedente la petición y libró los mandamientos dentro de la causa penal 376/2026.
Este miércoles 2 de septiembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron a Méndez Martínez y Bartolo Cruz aproximadamente a las 09:40 horas sobre la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Istmo, a la altura de la entrada a Unión Zapata, Tlacolula, donde fueron detenidos.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) confirmó que Dolores Luciano Valadés fue electa por Santo Domingo Latani dentro del proceso comunitario para integrar el Ayuntamiento de Santiago Choápam.
En ese mismo proceso fueron electos Jorge Méndez Martínez por San Juan del Río y Avelino Bartolo Cruz por la cabecera municipal de Santiago Choápam.
Después de su detención, ambos funcionarios fueron sometidos a certificación médica, registrados ante el Registro Nacional de Detenciones y puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal.
La Fiscalía precisó que continuará con las actuaciones ministeriales y procesales correspondientes, mientras los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.
