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El Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo de seguridad y mantiene presencia interinstitucional en Los Chimalapas ante el riesgo de que escale el conflicto agrario entre comuneros de San Miguel Chimalapa y habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, luego de vencer el plazo fijado por los zoques para alcanzar un acuerdo sobre las tierras en disputa.
La tensión aumentó este viernes, cuando una comisión de alrededor de 500 comuneros anunció que acudiría a Gustavo Díaz Ordaz para continuar un proceso de conciliación directa y buscar la restitución pacífica de aproximadamente 4 mil 975 hectáreas que reclaman como parte de su territorio comunal.
La Secretaría de Gobierno (Sego) informó que mantiene “atención permanente en territorio” y aseguró que la prioridad es evitar hechos de violencia mediante el diálogo, la conciliación y la construcción de acuerdos.
En la zona participan la Sego, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la representación de la Secretaría de Gobernación, la Coordinación de Delegados de Paz Social, la Junta de Conciliación Agraria y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El conflicto se agudizó después de que San Miguel Chimalapa emplazó a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz a definir si disuelven voluntariamente el ejido y se incorporan al régimen comunal zoque o dejan las tierras reclamadas. Los ejidatarios han rechazado esa exigencia y defienden los derechos agrarios que aseguran tener reconocidos.
En respuesta a la movilización anunciada por los Chimalapas, el Gobierno de Chiapas también reforzó su presencia de seguridad con elementos estatales y de la Guardia Nacional y advirtió que no tolerará actos de violencia ni despojo, al tiempo que llamó a privilegiar el diálogo.
El trasfondo del conflicto se remonta a más de medio siglo. En noviembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional sobre los límites entre Oaxaca y Chiapas, fallo que reconoció a Oaxaca alrededor de 160 mil hectáreas que permanecían en disputa.
Sin embargo, la resolución territorial no extinguió automáticamente los derechos agrarios previamente reconocidos a ejidos asentados en la zona, entre ellos Gustavo Díaz Ordaz, por lo que persiste una controversia agraria distinta a la disputa limítrofe entre ambos estados.
El Gobierno de Oaxaca informó que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Chiapas para coordinar acciones y evitar una confrontación.
Mientras tanto, la Procuraduría Agraria propuso instalar el próximo lunes 7 de septiembre una mesa agraria en Oaxaca para buscar una salida institucional al conflicto.
