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La crisis política en Santiago Choápam escaló con la renuncia colectiva de integrantes del Ayuntamiento, quienes notificaron al Congreso de Oaxaca que dejan sus cargos ante la “inestabilidad política y administrativa” que, aseguran, mantiene sin condiciones de operación al gobierno municipal.
El documento fue presentado el 8 de septiembre ante la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios de la LXVI Legislatura, el mismo día en que recuperaron su libertad el síndico Jorge Méndez Martínez y el regidor de Hacienda Avelino Bartolo Cruz, vinculados a proceso por violencia política contra las mujeres en razón de género.
La solicitud está firmada por Hermelinda Pérez Martínez, regidora de Obras, quien comunica al Congreso que el Cabildo acordó presentar las renuncias de manera “voluntaria e irrevocable”, argumentando que no existen condiciones administrativas para continuar.
Entre las afectaciones, señala problemas para atender infraestructura social, apoyar a instituciones educativas y cubrir dietas de concejales y salarios del personal administrativo.
La documentación entregada al Congreso incluye las renuncias de Jorge Méndez Martínez, Avelino Bartolo Cruz, Hermelinda Pérez Martínez, Estela Vargas Martínez, Francisco Martínez Morales y Claudia Cruz Bartolo.
También aparecen las renuncias de suplentes Diana Laura Díaz Martínez, Orlando Hernández Luciano, Zurisdai Santiago López, Rocío Yaneth Velasco Alavez y Alfredo Santiago Bautista.
A la lista se agregan el secretario municipal, Celedonio García Cruz, y la tesorera Liliana Gómez Yllescas. El escrito solicita al Congreso emitir el decreto correspondiente y resolver conforme a la Ley Orgánica Municipal.
La renuncia colectiva profundiza un conflicto que días antes llevó a la Fiscalía General del Estado a detener al síndico Jorge Méndez y al regidor Avelino Bartolo.
Ambos fueron vinculados a proceso dentro de la causa penal 376/2026 por su probable responsabilidad en violencia política agravada contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal, Dolores Luciano Valadés.
La investigación de la Fiscalía sostiene que los días 9 y 10 de junio la presidenta municipal habría sido retenida, amenazada e intimidada para obligarla a firmar su renuncia al cargo y aceptar la intervención de asesores técnicos.
Una tercera persona, Liz Magali Silva Pacheco, también figura como imputada dentro del procedimiento penal.
El caso provocó una movilización de habitantes de Santiago Choápam el pasado 7 de septiembre en Oaxaca de Juárez. Los inconformes bloquearon el crucero de la zona del estadio de béisbol y posteriormente marcharon hacia Palacio de Gobierno para exigir la liberación de los dos concejales.
Los manifestantes rechazaron las acusaciones contra Méndez Martínez y Bartolo Cruz y denunciaron, además, un presunto retiro de 640 mil pesos de una cuenta municipal, recursos que —según su versión— fueron transferidos a otras cuentas.
Un día después, los dos concejales recuperaron su libertad por determinación judicial, pero permanecen vinculados a proceso y continuarán enfrentando el procedimiento penal con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Ahora el conflicto se traslada también al Congreso de Oaxaca, que deberá analizar las renuncias presentadas y determinar sus efectos jurídicos sobre la integración y funcionamiento del Ayuntamiento de Santiago Choápam.
