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Elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Unidad de Fuerzas de Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, “Miguel Quetu”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Durante el operativo también fue detenido Alberto de P. L., alias “La Parka”, señalado como presunto integrante de la estructura operativa vinculada al presidente municipal y ampliamente conocido en Juchitán por su presunta actividad delictiva.
La investigación contempla además otros dos objetivos prioritarios, entre ellos estaría Mariano Rosado López, exsecretario municipal y colaborador cercano del edil. Hasta el momento no se ha confirmado su detención.
La operación significó un importante despliegue de fuerzas federales y estatales, así como de elementos de la Fiscalía de Oaxaca, en distintos puntos de Juchitán. La movilización incluyó sobrevuelos de aeronaves de la Secretaría de Marina.
Tras su captura, Sánchez Altamirano permaneció resguardado en una base mientras se preparaba su traslado. Minutos antes de que fuera movilizado, elementos de la Policía Municipal de Juchitán arribaron a esas instalaciones.
De acuerdo con información preliminar, los policías municipales habrían pretendido rescatar al alcalde y evitar su traslado; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente ni se ha informado de algún enfrentamiento durante la movilización.
El presidente municipal finalmente fue trasladado a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina hacia instalaciones de las fuerzas federales, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
El despliegue forma parte de investigaciones contra redes de extorsión que operan en el Istmo de Tehuantepec, particularmente en Juchitán, donde autoridades estatales y federales han intensificado las acciones contra células generadoras de violencia.
Apenas esta semana, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reconoció que la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en Juchitán y municipios aledaños, después de la fragmentación de estructuras delictivas tras más de 200 detenciones realizadas durante el último año.
El fiscal señaló que distintas células comenzaron a disputarse los recursos provenientes de la extorsión y el cobro de piso, por lo que las autoridades reforzarían la intervención coordinada de corporaciones estatales y federales.
Sánchez Altamirano había rechazado meses atrás señalamientos que pretendían relacionarlo con grupos criminales y calificó las acusaciones como falsas y políticamente motivadas.
La detención ocurre además en medio del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia en la que el propio presidente municipal participó junto con autoridades estatales y federales para enfrentar la violencia en el municipio.
