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El comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vásquez Jiménez, amagó con dejar el cargo si los gobiernos estatal y federal no generaban condiciones para corregir las presuntas irregularidades de una nómina de mil 867 personas, con un gasto de al menos 17 millones de pesos mensuales, y rechazó negociar pagos a cambio de respaldo político.
“No estoy dispuesto a ser cómplice en absoluto de esta condición irregular”, expresó ante las manifestaciones de personas que reclamaron pagos de la anterior administración municipal.
El comisionado trasladó su exigencia a los gobiernos de Oaxaca y de la República, a quienes pidió definir si respaldarían el ordenamiento administrativo de Juchitán.
“Si no están en la ruta realmente de componer a Juchitán, no tengo absolutamente nada que hacer aquí”, manifestó.
Vásquez Jiménez sostuvo que las resistencias a la revisión de la nómina respondieron a intereses de personas vinculadas con la operación política de la administración anterior. Afirmó que algunas estaban plenamente identificadas por su actividad partidista, sin que existieran documentos para acreditar servicios al municipio.
Señaló que no encontraron registros suficientes de entradas, salidas y funciones del personal para determinar qué actividades realizaba cada persona incorporada a la nómina.
“Algunos se dicen asesores del Ayuntamiento; yo no entiendo por qué no terminan de aclarar el nombre de sus familiares en la nómina de Presidencia y en otros departamentos de la anterior administración”, cuestionó.
Entre los casos que dijo haber detectado mencionó una categoría de afanadora con un pago superior a 10 mil pesos quincenales, así como personas que aparecían registradas para cobrar recursos que posteriormente distribuían entre terceros.
“Hay personas inscritas en la nómina que cobraban, porque ya no lo estamos permitiendo, que eran las que repartían al final de cuentas ese recurso”, señaló.
El funcionario rechazó mantener esos mecanismos y sostuvo que la revisión no respondió a venganzas ni a diferencias personales.
“No son actos arbitrarios, no son revanchas”, afirmó al señalar que la comisión municipal debía sujetarse a las leyes y responder por el manejo del dinero público.
Explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y la Auditoría Superior de la Federación les exigieron cuentas claras sobre la administración municipal y ejercicios anteriores.
Entre la documentación requerida, indicó, estaban las nóminas de quienes habían laborado y continuaban registrados en el municipio, por lo menos durante todo 2025, así como los controles que permitieran acreditar su trabajo.
La revisión también comprendió recursos disponibles, deudas y expedientes de obras públicas heredados del ayuntamiento anterior.
Como antecedente, Vásquez Jiménez había informado que Presidencia Municipal tenía alrededor de 197 personas en nómina y algunas regidurías hasta 80. También señaló que Deportes pasó de 13 empleados a cuatro y Comunicación Social de 15 a tres durante la reorganización.
En declaraciones previas, reportó advertencias para generar inestabilidad y reclamar acuerdos políticos de los cuales aseguró que no había participado. Posteriormente precisó que no había recibido amenazas directas contra su integridad física.
Frente a las inconformidades, el comisionado afirmó que no tenía compromisos con Morena, con otras fuerzas políticas ni con organizaciones sociales.
“Yo no tengo en absoluto compromisos partidistas ni con el partido oficial en el gobierno, ni con ningún otro partido y tampoco con organizaciones sociales”, sostuvo.
Señaló que aceptó el encargo a partir de una propuesta ciudadana y que su permanencia no podía depender de conservar prácticas que consideró irregulares.
“Yo no estoy en campaña”, expresó, y rechazó que se le plantearan negociaciones de dinero a cambio de votos o respaldo a su administración.
Vásquez Jiménez fue designado por el gobernador Salomón Jara Cruz después de que el Congreso de Oaxaca declarara la desaparición del ayuntamiento encabezado por Miguel Sánchez Altamirano. Su encomienda incluyó mantener los servicios municipales y la operación administrativa.
El comisionado sostuvo que, además de revisar las finanzas, su administración había trabajado en coordinación con la Federación y el gobierno estatal para recuperar la tranquilidad y atender los problemas de seguridad.
Sin embargo, advirtió que los esfuerzos podían resultar inútiles si prevalecían las resistencias y los intereses que buscaban mantener el funcionamiento del ayuntamiento anterior.
Pidió a la ciudadanía decidir si estaba de acuerdo con continuar los pagos reclamados y afirmó que respetaba el derecho de los inconformes a recurrir a otras vías para plantear sus demandas.
“No es mi dinero, es dinero de los ciudadanos de Juchitán”, expresó.
Advirtió que, si la población aceptaba conservar esas condiciones, entregaría la comisión municipal, pues no pondría en riesgo su nombre ni su integridad física para sostenerlas.
“Si no hay las condiciones, el gobierno del estado manifieste lo procedente; si no hay las condiciones, el gobierno federal manifieste lo procedente”, demandó.
