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Jaime GUERRERO
El titular de la Secretaría de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, informó que han aplicado 881 sanciones por más de 69 millones de pesos contra servidores públicos que han incurrido en irregularidades.
Así mismo se determinado 51 inhabilitaciones para ocupar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público del Estado y Municipios.
Y en lo que va de la administración gubernamental de Alejandro Murat Hinojosa, ha iniciado 1 mil 520 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado, mientras que de la pasada Administración recibió 238 expedientes de responsabilidad en el mismo rubro.
En este sentido, Díaz Navarro, manifestó que durante su gestión se han resuelto 1003 expedientes a través del área de responsabilidades de esta Dependencia y a la fecha se encuentran en trámite 517 expedientes de responsabilidad administrativa.
Asimismo, el funcionario informó que como resultado de los expedientes resueltos se han inscrito un total de 881 sanciones, lo que representa un 88 por ciento de eficacia en la resolución de expedientes de responsabilidad administrativa iniciados, al haber culminado con sanción respectiva.
Del total de sanciones impuestas, en lo que va de la actual administración destacan 51 inhabilitaciones para ocupar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público del Estado y Municipios de Oaxaca (2 pendientes de registro).
Lo mismo, 103 sanciones económicas que representan un monto superior a los 69 millones de pesos (17 pendientes de registro).
Diaz Navarro, señaló que la imposición de sanciones administrativas obedece a la comisión de faltas de ese mismo rubro, derivado de esas conductas se inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, cuya consecuencia es la imposición de una sanción administrativa que puede ir desde una amonestación ó alguna sanción económica, hasta la inhabilitación temporal para desempeñar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público.
Entre las conductas más sancionadas se encuentran la omisión o presentación extemporánea de las declaraciones de situación patrimonial, inobservancia de la normatividad presupuestal, negligencia administrativa, desvío de recursos públicos, no observar las normas de trato adecuado con sus compañeros de trabajo, y el no cumplimiento puntual de sus labores como servidor público.
