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Jaime GUERRERO
Activistas defensores de derechos humanos, que sistemáticamente accionan contra elecciones y empresas eólicas, asentadas en la región del Istmo de Tehuantepec, entre ellos, Nelson Vázquez de Flor y Canto; Ángeles Hernández, de la Red TDT, y Sara Méndez de Código DH, justificaron los actos de vandalismo por parte de la Asamblea General de Pueblos en San Dionisio del Mar.
En la fallida jornada electoral del pasado domingo, los activistas prohijaron y propalaron la violencia de sus asesorados, entre ellas, la quema de una camioneta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como retención ilegal de Edgar Jiménez, empleados del órgano electoral, sustrajeron con lujo de violencia paquetería electoral y agredieron a elementos de la Policía Estatal.
No obstante, en conferencia de prensa, los activistas, argumentaron que días anteriores a la elección extraordinaria, “Ya se hablaba de la falta de condiciones para realizar los comicios en este municipio del Istmo”.
Para los “defensores de DH”, quemar vehículos del IEEPCO, golpear policías y retener un funcionario del órgano electoral “eran actos que se tenían previstos, por lo que la responsabilidad recae sobre la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO)”.
Al fingir amnesia y lavarse las manos de las violencia que prohijaron con sus asesorados, señalaron al Consejo General del IEEPCO de ser responsable de estos hechos, porque a pesar del llamado de no existir condiciones determinó realizar los comicios.
Y fueron más allá, al señalar que tras la visita que se realizaron las “defensoras y defensores de derechos humanos”, las responsabilidades recaen en todos los actores, incluyendo la actual presidenta municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda, menos en la Asamblea General de Pueblos que realizó los actos vandálicos.
Y es que para los defensores, las condiciones nunca existieron dentro de la población y reconocieron que fue la propia asamblea de pueblos quien confirmó que su acción se derivó porque la elección estaba plagada de irregularidades a favor del PRI.
A diferencia del pasado proceso electoral, en el que todos acordaron una planilla única que postuló a Luis Ojeda, hoy la conclusión es que no existen condiciones para llevar a cabo la elección, por lo que pidieron a las autoridades atender la problemática del municipio.
Sin el mínimo decoro, recomendaron al Gobierno del Estado, priorizar el diálogo con todos los actores que están involucrados en el conflicto en la localidad, que lleva más de 7 años, y que tiene que ver con el control que mantiene el PRI en ese municipio.
