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Jaime GUERRERO
De acuerdo al Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla y Tabasco, son las entidades peor evaluadas en materia de corrupción, del 2011 al 2019, esto desde la administraciones de Gabino Cué Monteagudo.
El índice es elaborado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, con información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística; comparativos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.
De acuerdo a los académicos, el ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; “por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país”.
Los autores admiten que si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.
Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.
En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el INEGI, documenta que la corrupción se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito.
Fuentes y Arellano, conceden que la percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, esta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%. Estas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores, c) gobierno federal y d) gobiernos estatales.
Así, los mexicanos perciben en las policías –entre el 2011 al 2017- el 90.5 por ciento de corrupción; en los partidos políticos, el 88 por ciento; diputados y senadores, 82.3 por ciento; Gobierno federal, 81.3 por ciento; Gobiernos Estatales, 80.9 por ciento; Ministerios Públicos, 79.8 por ciento.
Del 2013 al 2017, la percepción de la corrupción en los Gobiernos Municipales, fue del 78.7 por ciento; Institutos Electorales, 70.5 por ciento; Jueces y Magistrados, 68.1 por ciento; medios de comunicación, 67 por ciento; Sindicatos, 66.7 por ciento; empresarios, 66 por ciento.
Respecto al índice parcial de corrupción institucional, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.
Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.
En tanto, en el índice parcial de corrupción en entornos de proximidad, construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales,las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca con 0.178 por ciento; la Ciudad de México, 0.001 por ciento; y Puebla con el 0.148 por ciento; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán con el 0.891 por ciento; Querétaro con el 0.834 por ciento; y Tamaulipas con el 0.717 por ciento.
En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción en entornos de proximidad institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca con el 1.7 por ciento; que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla con el 2.6 por ciento, Tabasco con el 2.7 por ciento; y Michoacán con el 2.9 por ciento.
En el índice parcial de impacto en la calidad en los servicios públicos, las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco con el 0.6 por ciento, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México en el sótano. Oaxaca está en el sitio 27 con el 2.3 por ciento.
En el índice de corrupción y calidad gubernamental, se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad.
Así, en el 2019, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son: Yucatán con el 8.8 por ciento; Querétaro con el 7.8 por ciento; Hidalgo con el 6.4 por ciento; Colima con el 6.4 por ciento y Durango con el 6 por ciento.
Las entidades con peores valores son Ciudad de México 1.4 por ciento; Tabasco con el 2 por ciento; Oaxaca con el 2.1 por ciento; Puebla 2.2 por ciento; y Estado de México 2.9 por ciento.
