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Jaime GUERRERO
La LXIV Legislatura, analiza una serie de reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, para eliminar la condición de intencionalidad en la materialización de la violencia en el ámbito institucional y para establecer, entre los actos de violencia política, la asignación de tareas, responsabilidades o funciones con base en estereotipos de género.
El objetivo, es evitar que las dependencias del Gobierno del Estado, y Municipios, contraten edecanes por apariencia física, edad, origen, y se ciñan de manera estricta a las capacidades para el desempeño de las tareas asignadas de manera legítima.
La diputada del Partido Morena, Eliza Zepeda Lagunas, aseguró que, en la violencia institucional de género, una de las formas en que se materializa es mediante la asignación de tareas, responsabilidades o funciones a partir de estereotipos de género.
Una de las formas más evidentes es el caso del uso institucional de edecanes, apuntó, mayoritariamente mujeres, “que por lo general no son seleccionadas por sus capacidades para el desempeño de tareas, sino a partir de estereotipos basados en el género, la edad, la pertenencia étnica, la forma de vestir, la clase social y varios más que se resumen en el manido excelente presentación”.
Zepeda Lagunas, criticó que en diversos actos realizados por las distintas instancias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, así como por ayuntamientos, ha sido evidente la presencia de edecanes que, más allá de su función o tarea práctica, son exhibidas como objetos en el estereotipo de “chica sexi”.
Por ello, al eliminar la condición de intencionalidad para la materialización de la violencia en el ámbito institucional, un funcionario, no podría aducir que su intencionalidad fue otra; “por ejemplo, en el caso de las edecanes, que la intención no fuese discriminar, sino “dar buena imagen…”.
La legisladora local, planteó armonizar la disposición local con instrumentos internacionales, de manera que la definición incluya las acciones que tengan por objeto o como resultado esa discriminación.
Así mismo, la adición de una fracción al artículo 11 bis de la misma ley, para establecer, entre los actos de violencia política, la asignación de tareas, responsabilidades o funciones con base en estereotipos de género.
Por lo pronto, exhortó al gobernador y a los ayuntamientos para que se evite la contratación de edecanes o personal seleccionado con base en criterios como el sexo, la apariencia física, la edad o el origen, y se ciñan de manera estricta a las capacidades para el desempeño de las tareas asignadas de manera legítima.
Zepeda Lagunas, recordó que en 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió su Recomendación general 25, donde establece que “la legislación pertinente sobre la prohibición de la discriminación y las medidas especiales de carácter temporal debe ser aplicable al sector público y también a las organizaciones o empresas privadas”.
La diputada de Morena, afirmó que el problema no es que exista personal dedicado a asistir, apoyar y auxiliar en la prestación de diversos servicios requeridos por funcionarias y funcionarios, sino que la selección de dicho personal se realice con criterios basados en estereotipos sexistas, lo que en los hechos constituye violencia de género.
Por lo general, las personas seleccionadas para hacer esas tareas son elegidas con base en la apariencia, y ésta analizada desde criterios sexistas y racistas, que ponderan la imagen de las mujeres sexualmente atractivas, de “tacones altos y faldas cortas” y disponibles como objetos sexuales.
