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Jaime GUERRERO
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la nueva Ley General de Educación y abroga las leyes General de Educación, de 1993, y General de la Infraestructura Física Educativa, de 2008.
La legislación secundaria de la reforma constitucional educativa que impulsó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 288 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones en lo general, y posteriormente 285 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, en lo particular.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
En las reservas, sólo se aceptó la del PT –que fue presentada por su coordinador Reginaldo Sandoval Flores–, para establecer que toda persona gozará del derecho a la educación bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana.
La discusión inició con la fundamentación del documento, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), quien externó que hoy es un día histórico, porque “va a caer de manera completa y plena la reforma educativa del 2013, una reforma impuesta y violenta”.
Subrayó que el dictamen se elaboró atendiendo más de 60 iniciativas de diputadas y diputados del PAN, PRI, PT, PES, PVEM y PRD.
El nuevo ordenamiento legal –constituido por 181 artículos divididos en 11 títulos, y 17 preceptos transitorios– coloca en el centro del aprendizaje a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reafirma la rectoría de la educación por parte del Estado, establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Apuntó que, además, se crean los comités escolares de administración para dignificar a las escuelas, se revaloriza al magisterio y se establece la obligación de fortalecer las escuelas normales públicas y la Universidad Pedagógica Nacional.
La nueva Ley General de Educación indica que su objetivo es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
Menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo Tercero constitucional y las leyes en la materia.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, decretó a las 16:05 horas un receso de 15 minutos y solicitó a los coordinadores parlamentarios reunirse con la finalidad de llegar a acuerdos para que la sesión pueda continuar.
La sesión se reanudó a las 16:35 horas, y se consultó al Pleno, mediante votación nominal, si se continuaba con ella. La mayoría se pronunció por la afirmativa.
