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Jaime GUERRERO
En 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 53 mil 762 quejas y denuncias por la actuación indebida de los servidores públicos, lo que significa una tasa nacional de 2.1 quejas o denuncias por cada 100 servidores públicos de las administraciones públicas estatales.
En Sonora, México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se observaron las tasas de denuncia más altas en el país.
Además, Oaxaca es una de las entidades con el mayor número de funcionarios a los que se les imputo por delitos grave de corrupción durante, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
El informe explica que en ese año 59 servidores públicos de Oaxaca, fueron requeridos ante el ministerio público, por delitos como peculado, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de justicia.
Específicamente 5 entidades (Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo) concentraron casi 50% de las investigaciones iniciadas en el país. En 12 estados la mayor cantidad de investigaciones se originaron de auditorías, observándose 80% de estos casos en Chiapas, Campeche y Sinaloa.
Una vez concluida la investigación sobre la presunta falta administrativa, la autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad administrativa y comienza el procedimiento de responsabilidad administrativa, con el cual se determina la existencia o no de la falta; además, en caso de tratarse de faltas graves, también se da aviso al órgano ministerial.
De acuerdo al INEGI, si la falta en la que incurrió el servidor público es calificada como grave se da aviso a la autoridad ministerial ya que el tipo de acción detrás de la falta es tipificada como un delito en el código penal federal o en el código penal de las entidades federativas.
En 2018, 16 entidades federativas realizaron alguna denuncia por actos de corrupción ante un órgano ministerial en las que se vieron implicados 378 servidores públicos, lo que equivale a 0.02% de los servidores públicos de las administraciones públicas estatales. Las entidades con mayor cantidad de servidores públicos imputados fueron Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, con más de 50 servidores públicos denunciados.
El presunto delito por el que hubo más servidores públicos implicados fue el peculado con más de 100 servidores públicos denunciados. A manera de aproximación, por cada 100 denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales en 2018 hubo 13 servidores públicos sancionados.
De los servidores públicos sancionados por entidad federativa, la Ciudad de México, 2 mil 453; el Estado de México, 974; Chiapas, 517; y Oaxaca, 485, por faltas graves como contratación indebida, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, cohecho y actuación de conflicto de interés; así como por faltas no graves, entre ellas, negligencia, conflicto de interés, violación a normatividad presupuestal, no participación con procedimientos judiciales.
El INEGI, reportó que las entidades en las que se sancionaron servidores, específicamente por faltas graves fueron: estado de México (505 servidores), Baja California (119), Ciudad de México (110), Oaxaca (47), Sonora (43), Tabasco (10), Jalisco (3) y Baja California Sur (1).
Derivado de las quejas y/o denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales, se iniciaron 11 193 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, que representaron 59.3% del total de investigaciones iniciadas en 2018, a lo que se suman 5 295 (28%) de investigaciones producto de auditorías y 2 401 (12.7%) denuncias iniciadas por oficio (2 401).
Durante 2018, en la Ciudad de México se iniciaron la mayor cantidad de procedimientos por responsabilidad administrativa con 22.0% del total nacional, seguida del estado de México con 17.4% y Jalisco con 16.4%. La menor cantidad se iniciaron en Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Sinaloa con menos de 10 procedimientos y en Campeche, Michoacán y Tamaulipas no se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa.
Cuando de la etapa de investigación y de los procedimientos de responsabilidad se determina la existencia de una falta administrativa, se procede a la aplicación de una o varias sanciones a los servidores públicos involucrados.
En 2018 se sancionaron un total de 6 988 servidores públicos en 27 entidades federativas, 70% de los cuales se concentraron en cinco entidades: Ciudad de México, México, Chiapas, Oaxaca y Sonora
Respecto al tipo de falta por el que se sancionó a los servidores públicos, 82.1% fueron por faltas no graves y 12% por faltas graves. Los principales tipos de faltas graves por las que hubo sanciones fueron negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial y/o conflicto de interés.
