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Jaime GUERRERO
El titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, anunció que ante la extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (Seguro Popular), en términos de la Ley Federal del Trabajo, a partir de esta martes, inició el proceso de liquidación a todas las 600 personas que trabajaron en esta dependencia.
No obstante, 60 médicos y enfermeras que laboraban en ese régimen, podrían ser recontratados. el resto eran administrativos.
Para el proceso de liquidación, el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, designó a Juan Carlos Márquez Heine, quien será el responsable del proceso de atención a los asuntos de materia laboral, civil, mercantil, administrativa y de cualquier otra índole, en las oficinas ubicadas en la calle Crisantemos número 109, colonia Reforma, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Casas Escamilla, informó que de los 600 trabajadores, 540 se desempeñaban como administrativos, sin embargo, esos no serían recontratados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Adelantó que son al menos 125 millones de pesos los que serán utilizados para la liquidación de los 600 trabajadores.
Explicó que en este caso, los Servicios de Salud de Oaxaca está trabajando de manera coordinada con el Insabi, aunque aclaró que la liquidación corresponde específicamente a esa dependencia federal.
Donato Casas Escamilla indicó que estas acciones de liquidación fue ya avalado por la Federación y el mismo gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por lo que reiteró el llamado para cubrir con este proceso.
Frente a las protestas de trabajadores del extinto Seguro Popular, que exigen la renovación de sus contratos y pagos quincenales, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó el pasado 17 de enero que, a las casi 6 mil personas que realizaban actividades de afiliación y gestoría se les ofreció reubicarlos (en el área médica, de acuerdo con su perfil) o trabajar de promotores de la salud, para el personal administrativo, y quienes rechazaron estas opciones recibirán su finiquito.
De su lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha divulgado que en años pasados se fomentó no sólo la corrupción, sino el crecimiento de plazas administrativas.
Eso pasó con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), cuya función era afiliar y orientar a los usuarios del Seguro Popular acerca de los servicios a que tenían derecho.
Con el nuevo modelo de atención en el Insabi, los REPSS ya no se requieren, agregó el mandatario.
El responsable del Insabi explicó que en el Seguro Popular el personal administrativo representa 30 por ciento de los trabajadores, cuando no debería ser más de 6 por ciento.
La mayoría del personal afectado, es de áreas administrativas. A los de gestión ya les dijeron que no serán contratados.
Ulises Cortés Maldonado, de Oaxaca, ha propalado el decreto de creación del Insabi y en los artículos transitorios se prevé la continuidad de los recursos humanos y materiales de la anterior estructura (Seguro Popular).
Visiblemente molesto –ha utilizado palabras despectivas y altisonantes– criticando al presidente López Obrador por incumplir sus compromisos ante los trabajadores de menores salarios.
