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Jaime GUERRERO
En una retórica más de pose mediático-político que de fundamentación legal, diputados del Partido Morena y del Trabajo (PT), acusaron que el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pese a ejercer un presupuesto anual de 36 millones de pesos, ha fracasado porque en lugar de rendir cuentas y transparencia, le apuestan a proteger o ser cómplices de servidores públicos, acusados de presuntos actos de corrupción por la contratación de empresas fantasma, el desvío de recursos y otorgar obras a compañías boletinadas en el SAT.
El diputado del partido morena y Presidente de la Comisión de Vigilancia del Sistema Anticorrupción de la LXIV Legislatura, Fredie Delfín Avendaño, consideró que existe un Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción débil.
Éste lunes, la comparecencia del Comité Coordinador conformada por siete organismos, ante diputados de Morena y el PT, no dejó contentos a las y los diputados toda vez que debido a las investigaciones y por secrecía no dieron mayores detalles sobre presuntos actos ilícitos de funcionarios estatales.
A juicio de Delfín Avendaño, los integrantes del sistema anticorrupción de Oaxaca, quedó a deber a la ciudadanía “quienes esperaban respuestas más concretas y mayor trabajo”. No obstante, el diputado de morena, exhibió también su desconocimiento de leyes y echó mano de retórica política-mediática.
“Hay un sistema estatal totalmente débil”, reiteró el diputado que presentó una reforma constitucional y en leyes secundarias para depurar el Comité de Participación Ciudadana.
Pese a ello, el diputado plurinominal llamó a un pacto de trabajo que según él, dará respuesta a las y los oaxaqueños; “necesitamos conocer quiénes son, cuántos son y dónde están -los funcionarios acusados de corrupción”, reclamó.
En la comparecencia, reclamó al titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Gaspar Jiménez Triste, la falta de resultados y presentar trabajos de su antecesor en el cargo del 2019.
Pero además consideró como un “chascarrillo”, el que el presidente del órgano se haya escudado en que algunos funcionarios incurren en actos de corrupción porque tienen salarios bajos.
El diputado del PT, Cesar Morales, también cuestionó los resultados y aseguró que el trabajo de comité coordinador ha sido deficiente frente a los presuntos actos de corrupción en CAO, cuyo titular habría adjudicado obra pública a empresas fantasma y que han sido boletinadas por el SAT. Un caso de escandalo, dijo es el de un contrato de 18 millones de pesos a una empresa con irregularidades en su domicilio fiscal.
En tanto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, lamentó la falta de información sobre el trabajo desempeñado por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, durante la comparecencia realizada este día ante la Diputación Local.
El también líder de la bancada de Morena, indicó que el informe se quedó corto, que no refleja los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
En su retórica, consideró inadmisible que el dinero del pueblo sea botín de unos cuantos. Calificó como doblemente criminal la corrupción gubernamental.
Porque dijo, no solamente implica el saqueo de dinero de quienes menos tienen, a quienes históricamente han sido víctimas del pillaje gubernamental al ser despojados de lo que les corresponde.
Morales Niño, reiteró su exhorto al gobernador Alejandro Murat para que realice los cambios necesarios en las dependencias a su cargo para reestructurar el sistema estatal de combate a la corrupción, ya que no existen resultados, no existen denuncias de trascendencia social, no hay avances, y la corrupción no ha disminuido.
Por el contrario, aseguró que en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción hay nulos resultados porque no se ha informado cuántas denuncias se han presentado, cuántos juicios hay en trámite y cuantas sentencias firmes existen con motivo de actos de corrupción y delitos relacionados.
No se ha informado a cuántos funcionarios del sexenio pasado ni del actual se han sancionado, cuántos recursos públicos se han recuperado a favor del erario estatal. No se ha informado nada, no ha existido ningún funcionario o funcionaria de primer nivel (con cargo de mando y decisión superior) enjuiciado por actos de corrupción.
Por lo pronto, Laura Estrada Mauro demandó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no limitarse a la recepción de denuncias, y apostarle a la implementación de políticas en materia de prevención y transparencia.
En tanto, al Tribunal de Justicia Administrativa interrogó sobre el acierto de mantener una Sala Especializada cuando no existen asuntos que atender, como refirió esta institución durante la comparecencia.
En tanto, Elena Cuevas Hernández, cuestionó que pese a ejercer un presupuesto de 36 millones de pesos, la Secretaría Técnica del Comité Coordinador no ha podido incluir una política estatal de combate a la corrupción.
