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Jaime GUERRERO
La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la LXIV Legislatura, exhortó a la Fiscalía General del Estado para que inicie las carpetas de investigación en contra de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por la probable colusión y actos de corrupción en beneficio de dos de sus exintegrantes.
Asimismo, exigió la inmediata separación del cargo de la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos y los magistrados Javier Martin Villanueva Hernández, Pedro Carlos Zamora Martínez, Abraham Santiago Soriano, Manuel Velasco Alcántara, Enrique Pacheco Martínez y Raúl Palomares Palomino, por su actuar negligente y doloso, al autorizar jubilaciones presuntamente ilegales e inexistentes en el marco jurídico, configurándose delitos contra la administración de justicia.
En tribuna, el diputado local, César Morales Niño, acusó presuntos actos de corrupción dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, “ya que se revela la complicidad y colusión de funcionarios judiciales”.
Por su parte, el magistrado Presidente del TJA, Manuel Velasco Alcántara, negó actos ilegales en ese órgano jurisdiccional y afirmó que todo se realiza en base a lo establecido por la ley.
No obstante, Morales Niño, pidió investigar esos casos, porque en sesión del 7 de marzo del 2020, del Pleno del citado Tribunal, aprobó la jubilación de dos Magistradas, pese a que aseguró que ambas no reunían los requisitos legales para la jubilación.
“A los titulares de las magistraturas de dicho Tribunal, le autorizaron a una ex Magistrada una pensión por jubilación como Presidenta del Tribunal por más de 70 mil pesos mensuales, no obstante que ese tipo de jubilación no se encuentra prevista en ninguna ley”, afirmó el petista.
Las ex Magistradas a las que les fue otorgada su jubilación, tendrían en el cargo una antigüedad efectiva y real, de 5 años, 11 meses y 15 días.
“Sin embargo, los Magistrados integrantes de la Comisión designada para emitir el dictamen, dolosamente se coalicionaron y aprobaron las jubilaciones, recurriendo a argucias legaloides para justificar su decisión, cuestión que fue ratificada por el Pleno de ese Tribunal”, afirmó.
Morales Niño, aseguró que el Tribunal no puede argumentar que es autónomo para tomar ese tipo de decisiones, porque autonomía no significa impunidad, ni discrecionalidad, la autonomía debe ejercerse en el marco de la Ley; además en este acto se involucran recursos públicos, porque las pensiones autorizadas serán pagados por todas y todos los oaxaqueños.
Destacó que el Tribunal de Justicia Administrativa, es un integrante del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, y máxima autoridad jurisdiccional en el Estado para juzgar actos administrativos señalados de corrupción.
“Es decir el guardián anticorrupción, comete actos de corrupción, entonces, ¿Quién nos cuida de la corrupción? ¿Quién vigila los actos de corrupción del Tribunal anticorrupción?”. asestó.
