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Jaime GUERRERO
Los comunicadores, Álvaro Cuitláhuac López y Mario Romero, fueron golpeados y retenidos por pobladores de Santa Inés del Monte que mantuvieron secuestrados a diputados, personal y visitantes del Congreso del estado, ubicado en el municipio conurbado de San Raymundo Jalpan.
Con machete en mano, palos, piedras e insultos, los rijosos de Santa Inés del Monte que cerraron los accesos a recinto legislativo para obligar a las y los legisladores a revocar el mandato de su presidente municipal, Laurencio Gaspar por malversación de recursos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de acuerdos con la asamblea, impidieron que los comunicadores abandonaran el lugar cuando ya se encontraban fuera del recinto.
Los inconformes son azuzados y respaldados por el diputado de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, revelaron diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXV Legislatura.
Los reporteros intentaron retirarse luego de asistir a una conferencia de prensa que convocó la familia de Abigail Hay Urrutia, quien fue detenida y horas más tarde apareció ahorcada en una celda de la comandancia municipal de Salina Cruz; sin embargo, los inconformes los interceptaron y los obligaron a retornar al estacionamiento del complejo legislativo.
Un video y fotografías que tomaron los demás colegas que asistieron a la conferencia, dieron cuenta de la agresión que se suma a otras tantas que permanecen en la impunidad.
Tras llegar a un acuerdo, los inconformes de Santa Ines del Monte, se replegaron y liberaron los accesos del complejo legislativo.
Un colectivo que se reconoce como Periodistas en riesgo y que agrupa a comunicadores de toda la entidad, emitió un pronunciamiento dirigido al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el fiscal general Arturo Peimbert Calvo y a integrantes de la LXV Legislatura donde condenan los hechos ocurridos este miércoles 31 de agosto en uno de los accesos del Congreso del Estado.
De igual forma, “reprochamos también la falta de solidaridad de las y los legisladores, quienes convocaron a la prensa para una conferencia y ante esta agresión contra los periodistas no mostraron ningún tipo de apoyo”.
En el documento se exige a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que realmente brinde la atención y seguimiento que se requiere para este y otros casos que continúan en completa impunidad.
Y finalmente, reiteraron su solidaridad con los colegas que han sido agredidos, al tiempo que advirtieron que “vamos a seguir exigiendo justicia y seguridad para el gremio periodístico”.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que en la actual administración de Alejandro Murat se han cometido tres asesinatos de periodistas y 163 agresiones, sin olvidar que desde el 21 de enero de 2018 se encuentra desaparecido Agustín Silva Vázquez, reportero de la sección policiaca del periódico Sol del Istmo.
