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Jaime GUERRERO
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 6 la fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar como violencia física en contra de las mujeres los ataques con ácido u otras sustancias químicas.
Por unanimidad de 480 votos a favor, las diputadas y los diputados establecieron que la violencia física en contra de las mujeres incluye las agresiones mediante el uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
Los ataques con ácido contra las mujeres aumentaron en los últimos 10 años; en 2010, ocurrió el primero; en 2012, el segundo; en 2014 el de Carmen Sánchez, en el Estado de México; otros en 2015 y 2017; para 2018 aumentó a cinco; en 2019 se confirmaron tres y en 2020 el de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca.
El pasado 8 de marzo de 2021 el Pleno de la Cámara de Diputados votó el dictamen de la Comisión de Igualdad y lo turnó al Senado de la República, en donde se aprobó, con modificaciones, el 15 de marzo de 2022.
En las consideraciones destacan la importancia de legislar en la materia para prevenir este tipo de ataques que no eran regulados por el marco jurídico; a pesar de que el daño que provocan en las víctimas es irreversible.
Por tal motivo, se destaca la importancia que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo integre, cuando su objetivo es dañar físicamente a la víctima, desfigurarla, lisiarla, cegarla o privarla de la vida.
Los ataques con ácido es un tipo de violencia premeditada, en donde mujeres jóvenes son las más vulnerables, ya que tienen como finalidad desfigurar, lisiar o cegar a la víctima, señaló la diputada Margarita García García (PT).
Recordó que el primer caso documentado en el país de este tipo ocurrió en 2010, uno más se reportó en 2012; en 2014, en el Estado de México se tiene registro de otro; para 2018, la cifra aumentó a cinco casos; en el 2019, se confirmaron 3; uno más en el 2020, el de la saxofonista María Elena Ríos, en Oaxaca. Solo en el 2022, van 47 ataques.
“Como observamos, éstos han ocurrido en distintas entidades de la República, por lo que es de suma importancia incorporar el ataque con sustancias en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que abre la posibilidad de que se pueda llegar a tipificar como un delito penal, ya que se debe reconocer que es un tipo de violencia por razón de género”, aseveró en un comunicado.
