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Jaime GUERRERO
En medio de las campañas a la presidencia de la República, al Senado, diputaciones federales y de cara a la contienda de diputaciones locales y presidencias municipales en Oaxaca, la diputada del PRI, Lizbeth Concha Ojeda, alertó que democracia está en riesgo.
A través de un punto de acuerdo, advirtió que, la estabilidad democrática que es el sustento de la estabilidad política, social y económica en el País está en peligro, por tanto, es deber de todas y todos exigir y cuidar que sea la constitución, las leyes y sobre todo, la voluntad popular, la que decida con toda libertad la elección de las y los representantes populares que habrán de conducir los destinos de los Municipios, los Estados y el País.
En tribuna, planteó la necesidad de tener un mapa de riesgos confiable, con urgencia implementarse acciones como la apertura de botones de pánico para los candidatos acosados o en peligro.
Fortalecer la fiscalización para contar obligatoriamente con el registro bancario de todas las aportaciones a las campañas y regular la posibilidad de la denuncia anónima.
Apeló también a que partidos políticos y autoridades electorales, implementen y fortalezcan los filtros de investigación de los candidatos y candidatas, asimismo se requiere una mayor coordinación de las autoridades electorales, las instancias de seguridad pública de todos los niveles y las areas encargadas de la gobernabilidad.
“Todo debe estar encaminado a garantizar la libre participación política, elecciones libres y auténticas, el voto universal, secreto, libre y directo, con posibilidades de que todas y todos los partidos políticos puedan ejercer sus actividades proselitistas y de campaña con las candidatas y candidatos en un clima de paz y estabilidad”, demandó.
De acuerdo a Concha Ojeda, la democracia en lo sustancial, debe ser un modelo en el que, además de las reglas de procedimiento de elección, el sistema debe ser acorde con principios y con los derechos humanos, de tal forma que no puede haber democracia si no existe libertad, igualdad, seguridad, acceso a la información y vigilancia.
Destacó que, tampoco puede haber si no existen elecciones verdaderamente libres, auténticas, en las que se garantice que todos los partidos políticos y candidatos participarán en igualdad de elecciones, o sin la existencia de órganos autónomos e independientes, encargados de organizar las elecciones y resolver las controversias jurídico – electorales que se susciten.
“La democracia sustancial tampoco existe sin una efectiva separación de poderes que garantice la existencia de mecanismos de control del poder, control constitucional y que sujete a todas las autoridades al principio de legalidad”.
Concedió que en México, si bien se sigue teniendo una democracia imperfecta, han tenido avances importantes en los últimos 50 años, pasando por el reconocimiento del pluralismo político y hasta la creación de órganos que garanticen la certeza, la imparcialiad y la confiabilidad de las elecciones, como es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y más recientemente la creación de un sistema de vigilancia y fiscalización de recursos en precampañas y campañas electorales.
Sin embargo, para este proceso electoral, el más grande de la historia, en el que a nivel federal se renovarán 629 cargos de elección popular federal, en tanto que a nivel local, en las 32 entidades federativas estarán en juego 19,746 cargos; los retos de la autoridad electoral son enormes.
Entre los más importantes, destacó la instalación de 170,003 casillas que se encuentran programadas para recibir la votación de las y los electores de todo el país, la elaboración y entrega oportuna de la documentación y materiales electorales, entre los que destaca la impresión y distribución de 317.09 millones de boletas electorales tan solo para la elección federal.
Así como la adecuada capacitación a los más de 1 millón 530 mil funcionarias y funcionarios de casilla a través de los casi 50 mil capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales; “evidentemente no se puede dejar de lado el monitoreo de tiempos en radio y televisión y la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas como un instrumento indispensable de la transparencia y rendición de cuentas”.
Además de esos retos institucionales alerto que, se ha agregado uno más preocupante: la seguridad y la participación del crimen organizado en las elecciones.
Concha Ojeda, refirió que, especialistas han señalando desde el año pasado que la participación del narco en las elecciones es gravísima, “aunque ya desde hace algunos años se habían presentado casos aislados, fue a partir de 2021, cuando empezaron a observarse no como hechos aislados, ya hubo situaciones claramente identificadas en algunas zonas del país, especialmente las muy marginales”.
Citó el caso de Valle de Bravo, donde se documentó el caso de una candidata que fue secuestrada por el crimen y posteriormente liberada, con la condición de que no hiciera campaña, ella se recluyó en su domicilio, de manera que perdió las elecciones.
De igual forma, los ataques en contra de candidatas y candidatos se han ido incrementado, pasando de 27 asesinatos en 2018 a 31 en 2021, en tanto que, tan solo del primero de enero al cuatro de marzo de este año, ya hay 19 precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas asesinadas.
Refirió que, a finales de enero, Felipe de la Mata, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral, señaló que el crimen organizado tiene incidencia importante en las elecciones y se presentará en la contienda actual.
“Señaló que es un hecho que no puede negarse pues esta grave problemática afecta extensos territorios en todo el País; apenas el pasado lunes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios; de tal manera que la preocupación no es menor, en eso han coincidido instancias especializadas y organismos internacionales”, lamentó.
