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Jaime GUERRERO
Con 37 votos a favor de Morena y sus aliados y la simulación del votos en contra del diputado del PRI, Javier Caciaue Zarate, el pleno del Congreso, suprimió -a propuesta del Gobernador, Salomón Jara Cruz- 1 mil 344 plazas administrativas que entregaron en la administración de los ex gobernadores, Gabino Cue Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
Según el dictamen esas plazas presentaban presuntas irregularidades y significaba una merma para el erario de mas de 2 mil 205 millones de pesos.
En el decreto aprobado, se estableció que, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para el debido cumplimiento del presente Decreto, realizará inmediatamente los trámites administrativos que estime necesarios y revocará los nombramientos de empleo que correspondan a las plazas suprimidas.
En su caso, deberá revocar los nombramientos de empleo que cubran las plazas suprimidas y que hayan sido susceptibles de modificación o actualización en el Número Único de Empleado (NUE) y/o Número Único de Plaza (NUP), con motivo del fallecimiento, licencia, jubilaciones o renuncia del empleado que ocupo la plaza suprimida de origen.
En su pose mediática, el diputado del PRI, Javier Cacique Zarate, manifestó desde su curul su rechazo, pero firmó el dictamen a favor, al igual que, el resto de los integrantes de la Comisión de Administración Pública que, encabeza Mónica Belem López Javier e integran, Mauro Cruz Sánchez, Bianni Palomec Enríquez y Monserrat Herrera Ruiz.
De acuerdo al dictamen aprobado, el pasado 5 diciembre, Pedro Castillejos Villalobos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca “STPEIDCEO” remitió su respuesta al Congreso del Estado, mediante escrito número SG/096/2024 en contra de la supresión.
En dicho escrito, manifestaron que la acción propuesta perjudica a la economía estatal por afectar diversas familias y la indemnización que se pretende otorgar, a su decir, viola la estabilidad laboral de los empleados de base que se encuentra prescrita en la ley, la normatividad y los convenios celebrados con el Gobierno del Estado.
Asimismo, aludió que los empleados que se enlistan, no son responsables de las conductas que algún funcionario público pudo incurrir, en el otorgamiento de plazas de forma irregular, ya que en su momento cumplieron con los requisitos que les solicitó la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, por lo que si existen irregularidades estos deben ser investigados y en su caso sancionados por haber incurrido en alguna responsabilidad.
De igual forma se refirió que supuestamente, la nómina de base del ejecutivo estatal no es solamente la que afecta al presupuesto estatal, sino también la nómina del personal de
confianza, quienes, según ellos, gozan de prestaciones o bonos que no se llegan a comparar con la nómina de un trabajador de base.
Para este 11 de diciembre, se celebró la audiencia solicitada por la representación sindical, en la cual el STPEIDCEO expuso lo que a su derecho convino, así mismo s e analizaron a detalle cada uno de sus planteamientos.
No obstante, la Comisión de Administración de Justicia del Congreso, determinó que, el Gobierno del Estado ha realizado una revisión
exhaustiva de los procedimientos de contratación de personal que obran en los archivos institucionales, cuyo resultado pone en evidencia la inobservancia a las disposiciones legales para la contratación de personal administrativo de nuevo
ingreso, y para el otorgamiento de nombramientos de base.
La conclusión es que durante diversas administraciones se han realizado contrataciones que contrastan con la capacidad financiera y la necesidad de las mismas que han llevado a una crisis
administrativa al Estado, según los datos contenidos en las áreas Administrativas, Financieras, de Fiscalización y de Seguridad Social.
Destaca que, el incremento desmedido de plazas de base dentro de diversos
ejercicios fiscales, sobre todo en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, ha comprometido las finanzas públicas.
Del 01 de diciembre del año 2016 al 31 de noviembre del año 2022, el incremento de otorgamiento de plazas ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales, superior a $2 millones 24 millones 644 mil 966.03 pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal.
Dicha situación -plasma el dictamen- resulta insostenible para el erario público, y trasgrede lo dispuesto en el artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 30 fracción / de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para la administración de Jara Cruz, no pasa desapercibido el crecimiento desproporcional en anteriores ejercicios fiscales, toda vez que, en el 2013, la plantilla de personal de base era de 8 mil 187 trabajadores, y para el 31 de noviembre del año 2022, la plantilla de personal de base era de 12 mil 244 que representa un crecimiento del 47.80%, en menos de diez años, lo que desde luego coloca en una crisis a las finanzas públicas del Estado.
Se hace énfasis que no son los únicos ejercicios fiscales en los que se han
incrementado de manera desproporcional a lo acordado entre las Dirigencias sindicales y la parte patronal, es decir, de una sumatoria simple, se desprende que las 35 bases otorgadas en la revisión de los convenios que contienen las condiciones generales de trabajo, son discordantes con las que realmente se han otorgado, sin que exista justificación de las mismas.
Dichas erogaciones ocasionan que el presupuesto estatal se vea gravemente
afectado en perjuicio de programas sociales y de desarrollo en combate a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades en los habitantes del Estado.
De igual forma, el incremento de plazas de base, ha ocasionado que las finanzas en materia de pensiones presente una tendencia cada vez más compleja para su cobertura, lo que se ha reflejado en los últimos estudios actuariales, por ello, se advierte que de no realizar acciones que reviertan el crecimiento de plazas de Base, pone en grave riesgo la capacidad de atención del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado, en perjuicio de jubilados, pensionados y pensionistas.
El Estado para mantener la estabilidad de dicho fondo, realiza una aportación anual estimada creciente de manera histórica.
Citó como ejemplo en el ejercicio fiscal, 2024’se proyecta al final una aportación de 1 mil millones 82 mil pesos y en el siguiente, la proyección corresponde a una aportación de 1 mil 353.7 millones de pesos, por ello, de no tomar acciones en lo inmediato para la reducción del gasto extraordinario, se comprometerían las finanzas públicas.
Ese escenario conlleva a que se generen condiciones desfavorables al Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado, ya que de no suprimir las plazas de “nombramientos de base”, que se otorgaron de forma desproporcionada, se contribuiría a que en un momento dado se sobrepase la capacidad de atención de dicho Fondo, para cumplir con las obligaciones de pago al personal jubilado, pensionado y de pensionistas o de aquellos próximos a Jubilarse.
Tomando en cuenta que las plazas de Base otorgadas dentro del periodo comprendido del 01 de diciembre del año 2016 al 31 de noviembre del año 2022, transgredieron los principios y criterios de legalidad,transparencia, honestidad y racionalidad, se considera que existen los elementos suficientes para que dichas plazas de base otorgadas en la administración pasada,
sean suprimidas y dejen de seguir siendo erogadas con el presupuesto Estatal.
Argumento el dictamen que la expedición de las mismas se encuentran fuera del convenio suscrito entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizados de Carácter Estatal de Oaxaca, “STPEIDCEO”.
Con la supresión se propone otorgar a quienes encuadren en el supuesto, una indemnización equivalente hasta por tres meses de sueldo que corresponda al último percibido al momento de la notificación de baja laboral.
Se faculta al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que por conducto de las Secretarías de Administración, de Finanzas y de Honestidad, Transparencia y Función Pública, realicen los trámites correspondientes conforme a sus facultades y a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento al Decreto.
