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Tras la toma de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el catedrático Pedro Sosa Gutiérrez denunció la injerencia directa del funcionario estatal Carlos Pérezcampos Mayoral en la vida interna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
A su juicio esa situación, ha generado una “parálisis institucional” que mantiene a la unidad académica sin autoridades reconocidas, afectando a más de mil alumnos.
Sosa Gutiérrez acusó que Pérezcampos Mayoral se ha “empecinado en obstaculizar” el desarrollo de la facultad, aprovechando la situación legal atípica que atraviesa la institución. A pesar de que la comunidad universitaria eligió mediante asamblea a sus propios representantes, el funcionario habría realizado acciones para frenar su reconocimiento oficial.
“Tenemos un valor supremo en nuestra institución que es la autonomía universitaria y la vamos a defender. La intervención de un funcionario del gobierno impide que resolvamos nuestros propios problemas conforme a la ley”, declaró el abogado durante la protesta.
El contexto de la movilización no es nuevo. Desde marzo del año pasado debía haberse realizado la elección del Consejo Técnico de la facultad, proceso que no ocurrió porque la entonces directora, Rocío Martínez Helmes, omitió emitir la convocatoria correspondiente, lo que generó acusaciones de intento de prórroga ilegal y violación a la Ley Orgánica de la UABJO.
Los docentes acusan a Carlos Pérez Campos Mayoral, subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno, de intervenir en los asuntos internos de la universidad a través de su esposa, la directora Rocío Martínez Helmes, quien ocupó el cargo luego de que Pérezcampos concluyera su propia gestión al frente de la facultad.
A esto se suma la acusación contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero, de buscar imponer a un director afín, violando la autonomía universitaria.
Ante el vacío de autoridad generado por el vencimiento del periodo de Martínez Helmes en noviembre de 2025, el rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López, designó de manera temporal a tres académicos como encargados del despacho de la facultad: Luis Abel Solano Santiago, Fredy Sánchez García y Eduardo Hugo Vázquez Lagunas.
El antecedente directo de la movilización se remonta al pasado 17 de febrero, cuando una Asamblea Extraordinaria convocada por alumnos, profesores y personal administrativo designó a Fredy Sánchez García como nuevo director, argumentando que la falta de acuerdos y la inoperancia de la administración interina habían generado incertidumbre sobre el desarrollo del ciclo escolar.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que factores externos han impedido que ese nombramiento se formalice ante la administración central de la UABJO.
Nómina fantasma y grupos de choque
A la crisis de autoridad se suma una denuncia de carácter administrativo: los catedráticos señalaron que recientemente circuló un documento en el que solo 15 profesores aparecen con registro oficial, desplazando de facto a los más de 200 docentes que laboran institucionalmente en la facultad.
La denuncia no se limita a lo administrativo. Sosa Gutiérrez alertó sobre la presencia de personajes “de dominio público” que intentan desestabilizar la facultad mediante el uso de grupos de choque, y advirtió que existe un temor fundado de que se intente recuperar las instalaciones por la fuerza.
El Consejo Técnico de la facultad ya había emitido previamente un posicionamiento público para denunciar actos de despojo y daños cometidos en las instalaciones de Ciudad Universitaria por un grupo que, a su juicio, actúa al margen de la legalidad y con intereses políticos y económicos particulares.
Autonomía universitaria, línea infranqueable
A pesar de la cercanía con el proceso de sucesión en la Rectoría, el grupo movilizado aseguró que su lucha es estrictamente por la dignidad de la Facultad de Derecho.
Sosa Gutiérrez aclaró que, aunque fueron respetuosos de los tiempos políticos recientes, ya no permitirán que la autonomía de la máxima casa de estudios siga siendo vulnerada por actores externos.
La Facultad de Derecho, que cuenta con más de 5 mil alumnos y un historial de litigios por autonomía, enfrenta el riesgo de paros adicionales si no se avanza en la democratización del proceso.
La toma de Ciudad Universitaria continúa como medida de presión, y la comunidad de Derecho advirtió que no liberará las instalaciones hasta que cese la interferencia política y se reconozca la estructura de gobierno elegida por los universitarios.
