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La agenta municipal de Guerrero Grande, Eustaquia Sandoval Galindo, denunció que la tarde y noche del domingo 15 de marzo personas armadas ingresaron a la comunidad y realizaron disparos desde los accesos principales a la población y desde la azotea de un domicilio particular “de un ciudadano plenamente identificado”.
Mediante un comunicado, aseguró que existe alto riesgo de agresión armada contra los habitantes, entre ellos mujeres, niños y personas mayores.
“Se escuchan disparos y se observan luces de vehículos y lámparas en movimiento”, advirtió.
Sandoval Galindo solicitó de manera urgente la presencia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca y de la Guardia Nacional para proteger la integridad de la población.
El comunicado también fue suscrito por Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), y fue dirigido a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Guerrero Grande es una agencia perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca, en la región Mixteca de Oaxaca.
Sus habitantes son beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la CIDH el 23 de diciembre de 2021, derivadas de los ataques armados registrados entre el 21 y el 25 de octubre de ese año, cuando un grupo armado quemó más de cien viviendas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 300 personas.
El 31 de diciembre de 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente solicitando al Estado mexicano la búsqueda inmediata de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios, desaparecidos en el contexto de los ataques.
Hasta la fecha no existe ninguna persona detenida por los homicidios, desapariciones y quemas de casas, y las familias desplazadas permanecen en condiciones precarias.
Este 2026, las comunidades de Ndoyonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande cumplen cinco años de desplazamiento forzado, sin fecha de retorno a sus territorios.
En septiembre de 2024, el Cedhapi denunció que un grupo de aproximadamente 100 personas, encabezadas por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, ingresó a Guerrero Grande sin autorización, con personas armadas dispersas que rodearon la comunidad.
