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Ariadna Mendoza
El conflicto en las calles de Oaxaca escaló más allá de los bloqueos. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acusó directamente a organizaciones sociales de intentar presionar al gobierno para obtener hasta 500 millones de pesos en obras, bajo prácticas que calificó como “del pasado”.
“Querían que les dijéramos cuánto, cuándo y dónde. Eso ya no pasa”, lanzó el funcionario, al asegurar que algunos grupos no solo exigen recursos, sino que buscan imponer a sus propias constructoras para quedarse con comisiones de hasta el 20 por ciento.
Las declaraciones llegan en medio del caos vial que paralizó puntos clave de la capital, afectando incluso rutas completas del transporte público como el ViniBus. Para el gobierno estatal, no se trató de protesta social, sino de una estrategia de presión.
Romero López puso nombre a uno de los grupos: CODEP, al que señaló de recurrir constantemente al bloqueo y al “chantaje” para obtener beneficios, incluso con exigencias fuera de la ley, como imponer autoridades comunitarias sin asambleas.
A diferencia de otros movimientos, dijo, hay organizaciones que sí han optado por el diálogo y no han generado conflictos, lo que —según el funcionario— evidencia que el problema no es generalizado, sino de grupos específicos que “no quieren soltar los privilegios”.
Pese a la tensión, el gobierno aseguró que no hubo desalojos ni detenidos, aunque reconoció que tuvo que intervenir para liberar las vialidades y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
“Cuando no entienden el diálogo, hay que tomar decisiones”, advirtió.
Mientras tanto, las calles fueron liberadas y parte de los manifestantes comenzó a retirarse del Zócalo. Pero el mensaje desde el gobierno fue claro: no habrá más negociaciones bajo presión.
