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El pleno del Congreso del Estado aprobó por urgente y obvia resolución un punto de acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de San Juan Bautista Tuxtepec, San José Chiltepec, Santa María Jacatepec y San Juan Bautista Valle Nacional a implementar operativos de seguridad pública durante el período vacacional de Semana Santa.
El punto de acuerdo obedece al previsible incremento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en la región de la Cuenca del Papaloapan.
La iniciativa fue presentada por el diputado Francisco Javier Niño Hernández, de Morena, quien advirtió que Tuxtepec encabeza las cifras de incidencia delictiva en el estado y que, según datos del INEGI de inicios de 2026, casi seis de cada diez ciudadanos temen transitar por las carreteras oaxaqueñas.
El legislador señaló que el corredor turístico que conecta a los cuatro municipios requiere protección especial durante la temporada, que es la de mayor concentración de visitantes en la región.
En su intervención, Niño Hernández destacó que Tuxtepec cerró 2025 con una derrama económica de 310 millones de pesos, una ocupación hotelera de 36.91 por ciento y la visita de más de 170 mil turistas, cifras que ilustran la magnitud del flujo que se espera en Semana Santa y la responsabilidad que recae sobre los gobiernos locales.
El diputado recordó que la Constitución federal, en su artículo 21, y la Constitución oaxaqueña, en su artículo 113, confieren expresamente a los municipios atribuciones en materia de seguridad pública, policía preventiva y tránsito.
El punto de acuerdo establece tres líneas de acción concretas para los cuatro ayuntamientos.
El reforzar el patrullaje en zonas comerciales, centros recreativos y accesos viales; capacitar a los elementos policiales para que actúen como guías y protectores de los turistas con pleno respeto a los derechos humanos; e implementar dispositivos de control para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.
El legislador también instó a los municipios a establecer canales de comunicación directa entre sus corporaciones, de modo que los límites territoriales no obstaculicen la coordinación en materia de vigilancia y persecución del delito.
