#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
Jaime GUERRERO
La decisión de la magistrada Alba Osorio Velasco, integrante de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de dejar en libertad a un profesor acusado de pederastia y abuso sexual contra alumnas de una secundaria de Santo Domingo Tehuantepec, desató críticas de familiares de las víctimas contra las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Tras la denuncia pública realizada por padres de familia y la organización Consorcio Oaxaca, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, rechazó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) haya sido responsable de la liberación del imputado, identificado como Juan N., y aseguró que fue una resolución judicial la que permitió su salida de prisión.
“Nosotros no soltamos a la persona; quien decretó su libertad fue el Tribunal en una apelación. Ahí fue donde se dijo que una serie de actuaciones que se habían llevado a cabo no se cumplieron. Para nosotros estaba ahí”, afirmó el fiscal este miércoles durante una entrevista colectiva.
El docente permanecía en prisión preventiva desde diciembre de 2025, luego de ser detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acusado de delitos sexuales cometidos presuntamente en agravio de estudiantes de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Santo Domingo Tehuantepec.
De acuerdo con la Fiscalía, tres adolescentes presentaron denuncias en contra del profesor: dos por acoso sexual y una por el delito de pederastia.
La carpeta relacionada con este último delito fue judicializada el 6 de diciembre de 2025, dando origen a la causa penal 571/2025.
Sin embargo, la resolución emitida por la magistrada Alba Osorio Velasco revocó las determinaciones que mantenían privado de su libertad al imputado, por lo que éste recuperó su libertad mientras continúa el proceso judicial.
La liberación del profesor provocó indignación entre familiares de las víctimas, quienes el martes denunciaron públicamente presuntas omisiones, irregularidades y actos de corrupción por parte de funcionarios de la Fiscalía y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que, aseguran, han obstaculizado el acceso a la justicia para su hija.
Los padres, Karla y Arturo, señalaron a Citlali Cortés Villalobos, agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Juchitán, de presuntamente exigirles 50 mil pesos para agilizar la integración de la carpeta de investigación.
Asimismo, denunciaron que la funcionaria los canalizó con un psicólogo particular para brindar atención a la menor, situación que les generó una deuda cercana a los 47 mil pesos.
Ante estos señalamientos, Rodríguez Alamilla informó que la Fiscalía abrió una investigación interna y un procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades de la agente ministerial y de otros servidores públicos involucrados en el caso.
“Se está investigando cualquier posible omisión o conducta indebida de personal de la institución”, afirmó.
El fiscal sostuvo además que la dependencia mantiene vigentes las acciones para lograr nuevamente la detención del acusado y continuar con el proceso penal en su contra.
Por lo pronto, los padres de las víctimas lanzaron cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones responsables de proteger a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como sobre los criterios utilizados para revocar medidas cautelares en delitos considerados de alto impacto social.
Familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que se esclarezcan las denuncias de corrupción, se sancione cualquier irregularidad y se garantice justicia para las adolescentes afectadas.
