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Consorcio Oaxaca y la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë, Comamos Todos denunciaron la falta de justicia en el caso de Fila Aldaz Desiderio, persona indígena ayuuk, no binaria y defensora de derechos humanos, quien fue detenida de forma arbitraria y sometida a tortura en enero de 2024.
A más de dos años de los hechos, Fila enfrenta secuelas físicas y psicoemocionales de la tortura, además de la violencia institucional derivada de la omisión y la dilación en su caso, sostienen las organizaciones.
Atribuyen esta situación a una cadena de violencias estructurales que combina racismo institucional, transfobia y criminalización de la protesta.
Fila denunció que el Secretario de las culturas, Flavio Sosa Villavicencio, la contactó para ofrecer comprarle su proyecto y cooptarlo para trabajar con ellos, ofreciéndoles infraestructura, así como insumos y también recursos para trabajar con la administración Estatal.
El 27 de enero de 2024, después de participar en una calenda contra la gentrificación en el centro de Oaxaca, Fila fue detenida junto con otras cinco personas por elementos de la Policía Estatal.
De acuerdo con su testimonio, fue golpeada, esposada, arrastrada y subida por la fuerza a una patrulla, exhibida frente a la Catedral mientras era trasladada.
Durante su detención y en instalaciones oficiales fue sometida a amenazas, discriminación por su origen indígena y orientación sexual, y a la negativa de acceso a agua y a tratamiento médico, según el comunicado.
Testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos documentaron además amenazas con armas largas y violencia sexual por parte de policías durante las 48 horas que permaneció privada de la libertad en el cuartel de San Bartolo Coyotepec.
Entonces, el secretario de Seguridad, Iván García Álvarez, atribuyó la detención al delito de daños materiales sin precisar cargos formales.
Las organizaciones también señalan como responsable al secretario general de Gobierno, Jesús Romero López.
Consorcio Oaxaca advierte que Oaxaca requiere atención prioritaria en la materia. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura, el estado concentró 15.4 por ciento de las víctimas federales entre 2018 y 2024, equivalente a mil 224 víctimas, y 965 presuntos responsables, 10.5 por ciento del total nacional.
El Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2025 del INEGI reportó 8 mil 35 hechos presuntamente violatorios registrados en la entidad durante 2024.
A nivel internacional, la edición 2026 del Índice Global de la Tortura, de la Organización Mundial Contra la Tortura, ubica a México en un nivel de riesgo alto de tortura y malos tratos.
Las organizaciones exigieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca actuar con debida diligencia, perspectiva intercultural y antirracista, así como investigar las omisiones institucionales en el caso.
Acusaron que la dependencia simula atención mientras no ha abierto carpetas de investigación en la Secretaría de Seguridad Pública.
También reclamaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca, encabezada por Héctor Eduardo Vila, garantizar una ruta de atención médica, psicosocial y jurídica no revictimizante, con reparación económica y medidas de satisfacción.
Llamaron a la Fiscalía a aplicar el Protocolo de Estambul, investigar de forma imparcial e independiente los hechos e identificar responsabilidades en la cadena de mando, con sanción penal y administrativa para quienes participaron u omitieron actuar.
“No tengo más que mi gratitud y la enorme dignidad que sostenemos”, expresó Fila al ser liberada en 2024, y agregó que la Comedora Comunitaria continuaría con su labor y su resistencia política.
