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El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció que la administración estatal, en coordinación con el gabinete de seguridad, iniciará una fiscalización para verificar la legitimidad de las agrupaciones sindicales que operan en la entidad, donde identificaron principalmente a seis organizaciones activas.
“Nadie en Oaxaca puede ser obligado a pertenecer a ningún sindicato”, afirmó el funcionario, quien envió el mensaje a todos los gremios.
Romero López sostuvo que “no se va a permitir, debe haber libertad sindical, libertad de asociación, libertad de participación social y política”.
Advirtió que “no puede obligarse al pueblo, a ningún vendedor ambulante, a ningún taxista, a ningún camionero, a ningún transportista, a pertenecer a un sindicato”.
El secretario argumentó que en el gabinete de seguridad “hemos acordado algunas medidas que se van a instrumentar en las próximas horas y en los próximos días para evitar alguna situación que escale abusos y presiones sociales”.
El funcionario citó el marco legal de la medida: “nadie puede ser obligado a afiliarse ni ser presionado para realizar aportaciones sindicales si no existe una base legal y una afiliación voluntaria”.
Precisó que ese principio “lo marca el artículo nueve y 123 de la Constitución de México y también la del Estado”.
Como primera acción, indicó que “vamos a revisar la integración de todos los sindicatos, en cuanto a su acta constitutiva, si tienen toma de nota o no, si tienen un registro formal”.
Señaló que también verificarán “si sus asociados están incorporados formalmente en la ley ante la Junta de Conciliación y Arbitraje”.
Romero López añadió que la fiscalización revisará si los sindicatos “tributan o no tributan, están dados de alta en hacienda, están adecuadamente pagando sus impuestos”.
Cuestionó además si sus agremiados “están dados de alta o están siendo presionados” para pertenecer a estas organizaciones.
El secretario expresó “preocupación” por posibles presiones contra los sectores más vulnerables: “nos preocupa que se esté yendo a presionar a los más pobres, a las familias más necesitadas, a los diableros, a los taxistas, para ser parte de un grupo”.
“No, Oaxaca no se va a permitir”, remató.
Precisó que existe un catálogo de seis sindicatos consolidados en la capital, aunque “muchos ni siquiera están registrados plenamente”.
El objetivo, dijo, es “focalizar muy bien la parte jurídica para informarle al pueblo si un sindicato lo es o no, o si es simplemente una asociación u organización”.
El anuncio de Jesús Romero López, de fiscalizar a los seis sindicatos que operan en la capital recae sobre una organización que ya acumula denuncias públicas: la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), principal aliado de Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara Cruz.
Ese dato coloca a la revisión anunciada como una prueba directa de la voluntad política del gobierno para actuar contra un grupo.
Comerciantes del tianguis de la colonia Reforma denunciaron que un grupo de encapuchados vinculado a la ASAEO intentó cobrarles ocho mil pesos para permitirles instalar sus puestos.
Hoteleros y prestadores de servicios turísticos también denunciaron amenazas y hostigamiento por integrantes de la ASAEO, a quienes acusaron de pretender imponerles por la fuerza un servicio de taxis afiliado a la organización.
Taxistas y transportistas que bloquearon los accesos al Parque Primavera Oaxaqueña rechazaron ser reubicados y afiliados a la ASAEO como condición para operar.
La fiscalización revisará actas, registros ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y obligaciones fiscales de los seis sindicatos identificados, entre ellos la ASAEO.
El proceso definirá si el gobierno de Salomón Jara Cruz sanciona a una organización que opera bajo el cobijo de la 4T, o si la revisión queda como un ejercicio administrativo sin consecuencias.
