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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) descartó que exista una red de corrupción dentro de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para la reventa de vehículos robados, al exponer el caso de un Volkswagen Jetta sustraído en Tlaxcala que un creador de contenido difundió en redes sociales como evidencia de ese presunto esquema.
El vehículo fue robado en Tlaxcala en junio de 2024 y trasladado ese mismo mes a Oaxaca, donde en julio fue objeto de una compra-venta ilegal.
La unidad circuló sin ser detectada hasta que, en febrero de 2026, agentes de la AEI la aseguraron en la Plaza Oaxaca y la trasladaron a un corralón.
Fue esa misma unidad la que, meses después, un usuario de redes sociales documentó en circulación y presentó como prueba de un supuesto esquema de corrupción dentro de la corporación, en el que vehículos con reporte de robo serían alterados en talleres y devueltos a circulación con documentos de depositaría irregulares.
Al desglosar la cronología completa del caso, la Fiscalía sostuvo que la secuencia —robo, aseguramiento, corralón, depositaría en junio de 2026 y reaseguramiento por la AEI en julio— corresponde al procedimiento ordinario de resguardo de vehículos y no a una red de corrupción organizada como se ha propalado.
La corporación detalló que la placa metálica con el número de serie del vehículo fue alterada mediante soldadura: mientras el reporte oficial de robo en Tlaxcala identifica la unidad con el número 3VWHP6BU9RM090208, la placa física del chasís fue modificada para mostrar el número 3VWKP6BU8PM003403.
En la placa alterada son visibles marcas de soldadura alrededor del área donde está grabado el número de serie modificado.
Sin embargo, el sistema electrónico interno del propio vehículo —en el apartado de ajustes de servicio de la pantalla de a bordo— conservó registrado el número de serie original, 3VWHP6BU9RM090208.
Ese dato permitió a los peritos de la Fiscalía confirmar la identidad real de la unidad pese a la alteración física de la placa.
Como parte de las pruebas presentadas, la Fiscalía exhibió también la factura utilizada para acreditar la propiedad del automóvil.
Sobre ese documento, la agencia Auto Haus S.A. de C.V., representante de Volkswagen, informó por escrito que la factura no fue expedida por la empresa y que, por tanto, no es auténtica.
El reaseguramiento del vehículo, reportado en julio de 2026, corresponde al proceso que se sigue con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), empresa del sector asegurador que opera el Banco Nacional de Autos Robados.
Actualmente, el caso del vehículo ventilado en redes sociales, fue entregado de buena fe al comprador que fue víctima de fraude, debido a que la unidad sí está confirmada como robada.
De acuerdo con sus propios procedimientos, es OCRA la instancia que determina el destino de las unidades recuperadas, incluida su eventual entrega en depositaría a autoridades municipales.
Cuando una compañía de seguros paga a un asegurado por la pérdida de su vehículo, OCRA asume la propiedad de la unidad robada y se coordina con las fiscalías estatales para su localización, identificación y recuperación.
Bajo este esquema, los vehículos dejan de pertenecer a los particulares y son adquiridos por OCRA, a la que se le entrega cerca del 90 por ciento de las unidades recuperadas por la Fiscalía.
La explicación se dio en el marco de la presentación que hizo el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, de un “Modelo de Integridad Institucional”, que reconoce condicionamientos previos en la apertura de carpetas de investigación, en actos ministeriales y en la judicialización de expedientes.
El modelo también admite condicionamientos en la contratación de despachos, en la devolución de vehículos asegurados y en el uso discrecional de corralones y grúas.
La corporación informó que los vehículos en depositaría pasaron de 60 en 2023 a 22 en la actualidad.
También detalló los criterios para otorgar una unidad en depositaría temporal, de tres a seis meses: municipios bajo Régimen de Sistemas Normativos Indígenas, con mandatos menores a 18 meses, con alto grado de marginación y de población mayoritariamente hablante de lenguas indígenas.
Se suman a esos criterios los municipios declarados Zona de Atención Prioritaria y aquellos con necesidades delictivas emergentes, categoría que la propia Fiscalía vinculó con el atentado contra el entonces presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, Teófilo Marín Pablo.
Entre las líneas de acción anunciadas, la FGEO se comprometió a devolver los vehículos en menos de 72 horas a sus propietarios acreditados y a publicar en línea el listado de unidades robadas y recuperadas.
La corporación también planteó proponer una reforma para regular los precios de corralones y grúas, y fortalecer la Contraloría y la Visitaduría para investigar y sancionar a servidores públicos con conductas impropias.
