#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
#JaimeGUERRERO
La diputada Analy Peral Vivar presentó una iniciativa para adicionar el artículo 240 Quater al Código Penal de Oaxaca, con el fin de sancionar con pena de tres a seis años de prisión a quien, por sí o por interpósita persona, obtenga una plaza o servicio público mediante el pago de dinero, la entrega de un beneficio económico o cualquier acto de corrupción, eludiendo los procedimientos y requisitos que la ley establece.
Peral Vivar explicó que en 2015 el Congreso tipificó en el artículo 240 Ter del Código Penal estatal el delito de tráfico de plazas y servicios, que castiga a quien ofrece falsamente un empleo o servicio público a cambio de un beneficio.
Sin embargo, dijo, esa norma dejó sin sanción a quien entrega el dinero para comprar esa plaza.
“El artículo 240 Ter castiga a quien ofrece el beneficio ilícito, pero guarda absoluto silencio frente a quien, con plena conciencia y voluntad, entrega el dinero para comprar esa plaza o ese servicio”, señaló la diputada, al advertir que se sanciona la oferta de la corrupción pero se deja impune su demanda.
La legisladora sostuvo que quien paga para obtener un cargo público sin méritos ni procedimientos no es una víctima, sino un participante activo y consciente de un acto de corrupción.
Añadió que el momento más grave ocurre cuando esa persona efectivamente obtiene la plaza o el servicio, sin que exista hasta hoy una consecuencia penal para quien lo realizó.
“Estamos, entonces, ante una impunidad estructural, porque se persigue a quien vende, pero no a quien compra”, afirmó.
Peral Vivar recordó que esta lógica bilateral ya existe en el Código Penal oaxaqueño en el delito de cohecho, previsto en el artículo 211, que distingue entre el cohecho pasivo cometido por el servidor público que recibe el beneficio, y el cohecho activo, cometido por el particular que lo ofrece o entrega.
La diputada precisó que el bien jurídico que se busca proteger no es el patrimonio de quien paga el soborno, sino la legalidad, la imparcialidad y la confianza ciudadana en el servicio público.
“No podemos permitir que el acceso a un empleo, a una licencia o a un contrato dependa de quien tiene más dinero para pagar por él, en lugar de quien cumple los requisitos que la ley exige”, concluyó.
