#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
#JaimeGUERRERO
El silencio duró apenas un minuto.
Fue un minuto solemne. De pie, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas del Congreso de Oaxaca guardaron respeto por la memoria del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
Instantes antes, la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz, había lanzado una petición que al final marcó el rumbo de toda la sesión: que el asesinato no se convirtiera en botín político, que el dolor de una familia no fuera utilizado para obtener ventajas partidistas y que la justicia caminara lejos de cualquier cálculo electoral.
“Es moralmente inaceptable”, advirtió desde la máxima tribuna del estado.
Nadie respondió. Nadie interrumpió. Nadie objetó.
Pero el silencio terminó.
Y con él comenzó otras de las discusiones políticas intensas que ha vivido la Sexagésima Sexta Legislatura.
Lo que siguió fue casi una metáfora de la política misma: todos coincidieron en condenar el asesinato; todos dijeron defender la libertad de expresión; todos rechazaron la impunidad y, curiosamente, casi todos pidieron que el crimen no fuera utilizado políticamente.
Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la tribuna se convirtió exactamente lo que se pidió evitar.
Morena abrió la discusión formal. A nombre de su bancada, Iván Osael Quiroz Martínez prefirió colocar la primera piedra sobre el terreno legislativo antes que en el de la confrontación.
Ofreció una revisión del marco jurídico y una agenda de trabajo con periodistas para fortalecer las leyes de protección al gremio.
Era apenas el comienzo.
Como si el asesinato hubiera abierto una inesperada competencia parlamentaria, las iniciativas comenzaron a desfilar una tras otra.
Dante Montaño, del Partido del Trabajo, propuso elevar a rango constitucional la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, recordando que Oaxaca arrastra un rezago de catorce años en esa armonización.
Gabriela Pérez López y Eva Diego del Partido Verde Ecologista de México, respondieron con otra ruta: endurecer el Código Penal para aumentar las penas por homicidio y lesiones contra periodistas hasta con 53 años de cárcel.
Javier Casique Zárate, el único diputado del PRI, tampoco quiso quedarse fuera de esa carrera legislativa. Su propuesta elevó las penas hasta cincuenta años de prisión, planteó destituciones de servidores públicos e incluso que esos delitos fueran perseguidos de oficio.
Hasta ese momento, el Congreso parecía decidido a responder con leyes.
Pero entonces llegó la política.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlán, aclaró que no tenía pruebas para responsabilizar al Estado por el asesinato de Alejandro Leyva.
Dijo que sería irresponsable hacerlo.
Pero enseguida recordó que el Gobierno sí tiene una responsabilidad ineludible: garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
Fue suficiente para cambiar el tono del debate.
La discusión dejó de centrarse únicamente en las reformas y comenzó a girar alrededor de las responsabilidades políticas.
Javier Casique recogió ese hilo y lo llevó todavía más lejos.
Habló de democracia, de intolerancia y del riesgo de que las balas sustituyan a las palabras. Incluso evocó el caso de Nicaragua como advertencia de lo que ocurre cuando una sola voz pretende imponerse sobre las demás.
Paradójicamente, mientras advertía contra la polarización, el ambiente en el Pleno comenzaba a polarizarse.
Gabriela Pérez López intentó regresar la discusión al cauce institucional. Recordó que el Congreso no está para dictar sentencias anticipadas ni para sustituir a las fiscalías.
Pidió privilegiar los acuerdos sobre las descalificaciones y lanzó una frase que parecía intentar rescatar el espíritu del mensaje inicial de Eva Diego Cruz.
“Los debates políticos son pasajeros. Las instituciones y las leyes son las que permanecen.”
Dante Montaño volvió a colocar el reflector sobre el Gobierno estatal.
No responsabilizó al gobernador del crimen, pero sí cuestionó que la administración haya desvalorizado la crítica y no haya dispuesto oportunamente mecanismos de protección para sectores vulnerables como el periodismo.
Después volteó hacia el propio Salón de Sesiones.
“Este Congreso pierde cada vez que agacha la cabeza y se convierte en aplaudidor de los malos funcionarios públicos”, lanzó.
La bancada de Morena ya esperaba ese momento.
María Francisca Antonio Santiago respondió acusando que, tras el asesinato, se había construido un “linchamiento mediático” para responsabilizar políticamente al gobernador Salomón Jara Cruz sin que existiera una sola prueba que sostuviera esa narrativa.
La confrontación ya estaba instalada.
Faltaba la última réplica. Tocó turno a Mónica Belén López Javier.
Sin mencionar por su nombre a García Morlan , recordó que algunos de los personajes que ahora exigían reformas ocuparon antes una diputación local —entre 2013 y 2015— y posteriormente una diputación federal —entre 2018 y 2021— sin impulsar entonces los cambios legales que hoy reclamaban.
“La congruencia no cambia de partido político”, asestó.
La frase cayó como respuesta directa a una oposición que tampoco necesitó ser nombrada para saberse aludida.
Cuando las intervenciones terminaron, el Congreso seguía dividido exactamente igual que cuando comenzaron.
Nadie modificó su postura. Morena cerró filas con el Gobierno estatal. La oposición insistió en recordar que la responsabilidad del Estado va más allá de encontrar a los responsables del crimen y alcanza también la obligación de prevenirlo.
En una sola sesión, prácticamente todas las fuerzas parlamentarias presentaron iniciativas para fortalecer la protección de periodistas, endurecer las penas contra quienes los agreden o revisar el marco legal vigente.
Esa fue la mayor paradoja de la jornada legislativa en San Raymundo Jalpan.
El único acuerdo absoluto ocurrió antes de que iniciara el debate, durante aquel minuto de silencio convocado por Eva Diego Cruz.
Después vinieron las iniciativas, los exhortos, las acusaciones de linchamiento mediático, los cuestionamientos sobre la congruencia política y los reproches entre oficialismo y oposición.
La presidenta del Congreso había pedido que el asesinato de Alejandro Leyva no se convirtiera en un botín político.
La política, como suele ocurrir en los parlamentos, terminó encontrando la manera de sentarse también en esa discusión.
