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El abogado Héctor, exrepresentante de propietarios de un predio ubicado en el paraje Loma Larga, en Poblado Morelos, San Pablo Etla, acusó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de realizar detenciones arbitrarias y favorecer a particulares en una disputa por tierras.
En conferencia de prensa, afirmó que el conflicto es de carácter civil y rechazó la versión oficial de que las más de 37 hectáreas recuperadas por las autoridades estuvieran invadidas por integrantes de organizaciones sociales o sindicales.
El litigante señaló que sus antiguos representados cuentan con escrituras para acreditar la propiedad, mientras que Enrique Gutiérrez y el abogado Rogelio Feria, a quienes identificó como la contraparte, no habrían demostrado la titularidad de toda la superficie reclamada.
Aseguró que existe un traslape de terrenos que debe resolverse mediante un peritaje, deslinde y juicio civil, no a través de operativos policiales o investigaciones penales.
La Fiscalía informó el pasado 11 de agosto que recuperó y dejó bajo resguardo un predio de más de 37 hectáreas en el distrito de Etla, durante un despliegue en el que participaron la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército y la Guardia Nacional.
La institución reportó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la ocupación del inmueble y las relacionó con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).
Sin embargo, Héctor sostuvo que los trabajadores fueron puestos inicialmente a disposición del Ministerio Público por resistencia de particulares y no por despojo, como —acusó— se difundió en las plataformas oficiales.
De acuerdo con su versión, después de obtener su libertad fueron detenidos nuevamente dentro de instalaciones ministeriales y ahora enfrentan una investigación por delitos contra la salud. Afirmó que las sustancias presuntamente aseguradas les fueron colocadas, acusación que no ha sido acreditada judicialmente.
El abogado relató que el conflicto se agravó el 7 de julio, cuando agentes investigadores y policías estatales y municipales ingresaron al predio sin presentar una orden judicial y detuvieron a cinco trabajadores.
Indicó que esos hechos quedaron registrados en la carpeta de investigación 15530/ETLA/2026, iniciada por resistencia de particulares. También denunció que posteriormente fueron retirados del lugar un vehículo, una grúa y otra unidad de trabajo.
Según su testimonio, después de ese operativo comenzaron las intimidaciones mediante recorridos de camionetas y agentes de investigación, quienes presuntamente amenazaron con desaparecer a los trabajadores si no abandonaban las tierras.
Añadió que el 11 de agosto las autoridades volvieron al inmueble y detuvieron a otros dos trabajadores. Estos hechos estarían asentados en la carpeta 18143/ETLA/2026, también por resistencia de particulares.
Héctor aseguró que el litigio había sido planteado previamente ante el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en una mesa donde presuntamente se acordó dejar a salvo los derechos de las partes para que acudieran ante la autoridad civil.
Por ello, calificó los operativos como un “despojo institucional” y acusó a la Fiscalía de utilizar recursos públicos para beneficiar a la contraparte. También habló de posibles sobornos y compadrazgos, aunque no presentó públicamente pruebas
El litigante informó que dejó la representación legal desde el 7 de julio debido al hostigamiento y al temor por su integridad. Precisó que únicamente representaba a siete compradores y que desconoce cuántas personas tienen derechos sobre la totalidad del predio.
También se deslindó de ASAEO y de cualquier organización señalada por invasiones, extorsiones o falsificación de documentos. Afirmó que no pertenece ni mantiene acuerdos con ese gremio o con la organización Sol Rojo.
Finalmente, responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz y al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla por cualquier agresión contra él o su familia, y pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los organismos defensores de derechos humanos.
“Temo por mi vida”, declaró el abogado, quien pidió que su denuncia quede como antecedente ante cualquier situación que pudiera ocurrirle.
