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El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, aclaró que Vladimir Avendaño Méndez y Víctor Hugo Porras Cerón son los particulares imputados por las víctimas en el presunto intento de despojo y no funcionarios del IFREO; además, pidió a la Fiscalía Anticorrupción investigar cualquier manipulación de los registros.
Luego de conocerse la carpeta 375(FEMCCO)2026, iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el funcionario consideró necesario determinar cuándo y quién alteró el sistema registral.
“Qué bueno que se investigue a esos funcionarios. Que la Fiscalía Anticorrupción llegue al fondo de este tema; que lleve peritos para que vea en qué momento se manipuló o se manejó el sistema”, declaró.
Vásquez Sagrero precisó que Vladimir Avendaño Méndez y Víctor Hugo Porras Cerón son particulares señalados como imputados en la denuncia presentada por las víctimas, no servidores públicos del Gobierno de Oaxaca.
También aclaró que ninguno de los dos dirige el IFREO. El titular del organismo es Giovanni Riaños Saguilán, mientras que las responsabilidades de los trabajadores registrales deberán determinarse mediante la investigación ministerial.
“El IFREO es un organismo público descentralizado, una unidad responsable independiente. Los trabajadores son del Instituto de la Función Registral, no de la Consejería Jurídica”, puntualizó.
Explicó que existe un acuerdo de sectorización y una relación de coordinación entre ambas instituciones. Como consejero jurídico, preside el órgano de gobierno del Instituto, pero aseguró que no controla directamente su operación administrativa.
Por ello, calificó como falsa la afirmación de que los servidores públicos investigados sean “sus trabajadores”. También rechazó que las posibles irregularidades atribuidas al IFREO hayan ocurrido necesariamente durante la administración de Salomón Jara.
El consejero jurídico aseguró que el registro de la escritura vinculada con el caso de una mujer que reclama una propiedad en el Centro Histórico fue realizado el 8 de agosto de 2018, durante la administración estatal anterior.
“No es en esta administración. Que se investigue quién estaba en 2018 al frente del Instituto y qué registrador realizó la inscripción”, planteó.
De acuerdo con Vásquez Sagrero, administraciones pasadas acumularon casos relacionados con asociaciones entre servidores públicos y particulares para manipular registros y apoderarse de inmuebles.
Aclaró que no se trata de una “revancha” ni de una postura política contra exfuncionarios, sino de antecedentes estadísticos y registrales. La actual administración, dijo, enfrenta el rezago generado por esas prácticas.
Sobre el caso de la adulta mayor desalojada de una vivienda en la calle Colón, a quien identificó únicamente como Marcela, aseguró que la Consejería Jurídica atendió la instrucción del gobernador Salomón Jara de apoyar a las víctimas.
Explicó que el IFREO proporcionó copias certificadas de los antecedentes y movimientos registrales del inmueble para que la familia pueda ejercer las acciones legales correspondientes.
“No somos Fiscalía, no podemos investigar, pero sí resguardar los datos y, si las víctimas tienen legitimación procesal, entregarles los documentos públicos para que ejerciten sus derechos”, afirmó.
La carpeta 375(FEMCCO)2026 identifica como víctimas a Gerald Romo Aguilar y Gladis Aguilar de la Cruz. Romo denunció que una presunta red de corrupción e impunidad pretende despojar a su madre de una propiedad construida durante más de 20 años.
El abogado señaló directamente a Vladimir Avendaño Méndez y Víctor Hugo Porras Cerón. La eventual responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por la Fiscalía y, posteriormente, por la autoridad judicial.
Vásquez Sagrero cuestionó que no se le buscara antes de publicar los señalamientos. Afirmó que pudo aclarar la naturaleza jurídica del IFREO, la condición de los particulares imputados y la fecha de inscripción del documento.
El consejero jurídico aseguró que su responsabilidad es facilitar los documentos públicos disponibles, pero no representar jurídicamente a particulares ni intervenir directamente en los litigios.
Finalmente, afirmó que la instrucción del gobernador es identificar y sancionar a los responsables si la manipulación de registros ocurrió durante la actual administración.
“Si fue en este momento o en esta administración, que se dé cuenta con los responsables”, expresó, al insistir en que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción deslindar responsabilidades.
Vásquez Sagrero agregó que la Consejería Jurídica ha entregado información registral en otros conflictos, incluido el de un inmueble donde operó el periódico El Extra, en cuyo historial, afirmó, aparecen el abogado Enrique Toro Ferrer.
Sostuvo que su responsabilidad es facilitar los documentos públicos disponibles, pero no representar jurídicamente a particulares ni intervenir directamente en los litigios.
