#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
* Un cinturón habría sido el motivo para intentar impedir el acceso del adolescente a su ceremonia; su padre denuncia que una coordinadora lo jaloneó del brazo frente a sus compañeros.
Oaxaca. Oax. a 18 de agosto de 2026. Lo que debía ser uno de los momentos más importantes para un estudiante que concluía su educación secundaria terminó en una denuncia ante Derechos Humanos, luego de que presuntamente personal de su escuela (Secundaria Técnica número 252, extensión San Sebastián Tutla, perteneciente a la Sección 59) intentara impedirle participar en su ceremonia de graduación debido al cinturón que portaba y, durante el incidente, una coordinadora lo habría jaloneado del brazo frente a sus compañeros.
De acuerdo con la denuncia presentada por el padre del estudiante, J.A.G.G., el argumento utilizado para restringirle el acceso fue que el cinturón que llevaba no era considerado suficientemente “formal” para participar en un acto cívico.
La familia cuestiona que una característica de la vestimenta pudiera utilizarse como motivo para excluir a un estudiante de una ceremonia que representa la culminación de sus estudios y, principalmente, denuncia la forma en que habría actuado una integrante del personal escolar (M.L.O.M.).
“UN CINTURÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA DIGNIDAD DE UN ESTUDIANTE”
Según el testimonio de la familia, en específico del padre del menor, la situación escaló cuando la coordinadora habría sujetado y jaloneado del brazo al adolescente frente a sus compañeros mientras se discutía su ingreso.
El padre sostiene que, independientemente de las reglas de vestimenta que pudiera establecer la institución, ninguna disposición interna puede justificar un trato humillante o el uso injustificado de fuerza física contra un estudiante.
“Mi hijo acudió a su graduación para celebrar la conclusión de una etapa de su vida. No puedo entender que por un cinturón se pretenda privar a un joven de ese momento y mucho menos que se llegue al contacto físico. Las escuelas deben enseñar disciplina, pero también respeto, proporcionalidad y dignidad”, manifestó.
EL ASUNTO FUE LLEVADO ANTE DERECHOS HUMANOS
Ante la gravedad que la familia atribuye a los acontecimientos, se presentó la inconformidad correspondiente ante el organismo de Derechos Humanos, donde el caso es atendido para escuchar a las partes y analizar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
El padre solicita que la investigación considere los testimonios de quienes estuvieron presentes, particularmente de los estudiantes que habrían presenciado el incidente, así como cualquier otro elemento que permita establecer objetivamente lo ocurrido.
La familia considera que los hechos deben analizarse bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, reconocido por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el artículo 1º constitucional establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y prohíbe actos de discriminación que atenten contra la dignidad humana.
A ello se suma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce, entre otros, el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la educación en condiciones que respeten la dignidad de niñas, niños y adolescentes.
SECCIÓN 59, SIN POSICIONAMIENTO FRENTE A LA QUEJA
De acuerdo con la familia, la situación también fue puesta en conocimiento de la Sección 59, al estar involucrada la institución educativa perteneciente a dicha organización. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este comunicado, la Sección 59 no habría emitido ningún posicionamiento público ni dado a conocer una respuesta formal respecto de la queja planteada por el padre del estudiante.
La familia considera preocupante que, ante un señalamiento que involucra presuntamente a personal de una institución educativa y a un estudiante menor de edad, no se haya hecho público hasta ahora un posicionamiento que permita conocer la postura de la organización y las acciones que, en su caso, se estarían tomando para esclarecer los hechos.
El padre señala que no busca que ninguna persona sea condenada anticipadamente, sino que las instituciones y organizaciones involucradas asuman su responsabilidad de escuchar, investigar y dar respuesta a los señalamientos planteados.
PIDEN INVESTIGAR, NO CONDENAR ANTICIPADAMENTE
El padre del estudiante enfatizó que acudir ante Derechos Humanos y hacer público el caso no significa pretender condenar anticipadamente a la trabajadora señalada.
“Precisamente acudimos a las instituciones porque queremos que se investigue. Que se escuche a todas las partes, que se revisen las pruebas y que la autoridad determine lo que corresponda. Pero como padre tampoco puedo guardar silencio cuando considero que los derechos de mi hijo fueron vulnerados.”
La familia solicita que las autoridades educativas determinen si la actuación del personal involucrado fue acorde con los protocolos aplicables y, en su caso, establezcan las medidas necesarias para evitar la repetición de acontecimientos similares.
“NO QUIERO QUE OTRO PADRE TENGA QUE PASAR POR LO MISMO”
Para el padre, el caso ha dejado de ser únicamente una situación personal.
“Mi hijo terminó la secundaria. Podríamos simplemente cerrar este capítulo y olvidarnos del problema, pero entonces ¿qué pasa con los alumnos que siguen ahí? ¿Qué pasa si mañana otro estudiante es exhibido, humillado o jaloneado por alguna cuestión de su uniforme o vestimenta?”
“Las reglas son necesarias y nuestros hijos deben aprender a respetarlas. Lo que no podemos permitir es que una regla sobre la apariencia termine colocándose por encima de los derechos y la dignidad de un menor.”
El padre aseguró que continuará por las vías institucionales correspondientes hasta que los hechos sean esclarecidos.
“No estoy buscando venganza ni un conflicto personal. Estoy buscando que lo que le ocurrió a mi hijo no vuelva a sucederle a ningún estudiante.”
El procedimiento ante Derechos Humanos continuará conforme a las etapas correspondientes, donde las partes podrán presentar sus argumentos y elementos de prueba.
Mientras tanto, el caso plantea una discusión que trasciende a una sola escuela: ¿hasta dónde puede llegar la disciplina escolar y dónde comienza la obligación de proteger la dignidad, integridad y derechos de los estudiantes?
