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El Gobierno de Oaxaca intenta sacudirse cualquier responsabilidad en el llamado “Cártel del Despojo” y vuelve a apuntar hacia administraciones anteriores, mientras reconoce que aún existen dudas sobre posibles movimientos irregulares en los sistemas donde se registran propiedades.
El consejero jurídico del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, afirmó que el sistema actualmente muestra que una inscripción relacionada con un caso de despojo ocurrió el 8 de agosto de 2018, por lo que pidió a la Fiscalía realizar un peritaje informático para determinar si posteriormente hubo manipulación y cuándo ocurrió.
La postura oficial es clara: si la alteración fue anterior, sería responsabilidad de gobiernos pasados; si ocurrió durante la actual administración, tendrán que responder los responsables.
Pero el problema es que el propio gobierno de Salomón Jara ha reconocido desde 2023 que el esquema del llamado “Cártel del Despojo” involucró precisamente a funcionarios y áreas como el Registro Civil, Catastro, Registro Público de la Propiedad y notarías. En ese momento, la Consejería Jurídica denunció incluso alteraciones físicas en libros notariales utilizados para modificar documentos y apropiarse ilegalmente de inmuebles.
Ahora, ante los cuestionamientos sobre lo que ocurre dentro de las instituciones durante el actual sexenio, el gobierno coloca la responsabilidad en la Fiscalía y en peritos informáticos.
Vásquez Sagrero aseguró que “no van a encubrir a nadie” y sostuvo que, si se demuestra que los sistemas fueron manipulados durante esta administración, habrá consecuencias administrativas o penales.
El discurso oficial también volvió a señalar directamente al exgobernador José Murat, a quien el consejero jurídico acusó de ser uno de los principales responsables del entramado que ha permitido despojos de propiedades en Oaxaca.
Sin embargo, el “Cártel del Despojo” no es un asunto cerrado ni exclusivamente del pasado. La propia administración de Jara ha continuado anunciando investigaciones, revocación de notarías y acciones contra personas relacionadas con presuntas irregularidades. En 2025, por ejemplo, el gobierno estatal informó la revocación de tres FIAT notariales otorgados en administraciones anteriores.
La pregunta que queda sobre la mesa es quién garantiza que el mecanismo del despojo no siga funcionando desde las instituciones públicas.
Porque mientras el Gobierno de Oaxaca señala a Murat y a administraciones anteriores, la investigación que ahora solicita deberá determinar algo mucho más incómodo: si durante el actual gobierno también se han manipulado registros para favorecer despojos y quién permitió que ocurriera.
El “Cártel del Despojo” fue presentado por el propio Gobierno de Oaxaca como una estructura que utilizaba información del Registro Civil, Catastro, Registro Público y notarías para cambiar la propiedad de inmuebles.
Ahora tendrá que demostrar que esa estructura realmente fue desmantelada y no simplemente trasladada de un sexenio a otro.
