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Jaime GUERRERO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reveló que en Oaxaca, investigan redes de tráficos de migrantes que través de organizaciones sin fines de lucro, pagan el tráfico ilícito de personas. Así mismo, casos de desvíos de recursos en el sector salud.
A nivel nacional, a líderes de sindicatos vinculados a actos de corrupción y casos de lavado de dinero en partidos políticos, con fines electorales.
Este martes, el ex titular de la Fepade en el sexenio de Enrique Peña Nieto, arribó a Oaxaca a firmar convenios de colaboración en materia de combate a la corrupción.
Respecto a los desvíos de recursos a través de los sindicatos, se ha planteado a través del Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, una iniciativa en la cual se permite analizar a las organizaciones sin fines de lucro, en razón de muchos de los recursos que se utilizan para el pago del trafico ilícito de personas, están vinculados a organizaciones.
La red de tráfico de migrantes en Oaxaca, cuyo fenómeno provienen del Estado de Chiapas y países centroamericanos, dijo que ya hay denuncias presentadas.
Al igual que se delito, se investigan casos de desvíos de recursos en el sector salud, sin embargo, se reservó los datos por el sigilo de la investigación.
No obstante, a pesar de que no hay una mención expresa en la ley, actualmente la UIF, combate el lavado de dinero, eso incluye el dinero ilícito en campañas electorales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y partidos políticos.
“Hay denuncias contra organizaciones sin fines de lucro, involucradas en el tráfico de migrantes y casos de desvío de recursos, ha campañas electorales”, dijo.
En el caso de partidos políticos, reconoció que intelectuales han alertado que en procesos electorales, hay 8 veces más el flujo de dinero en efectivo que cuando no hay campaña electoral.
Nieto Castillo, refirió que actualmente UIF trabaja con el Instituto Nacional Electoral (INE) para generar un mecanismo de detección de conductas ilegales, porque el lavado de dinero ha tenido un fin de naturaleza político-electoral, incurriéndose en el financiamiento ilícito de campañas.
En los casos de sindicatos, informó que se han girado ordenes de aprehensión contra lideres vinculados a actos de corrupción, como es el caso de la Ciudad de México.
Respecto al secreto bancario, a partir de la reforma constitucional del 2015, estableció que varios de los órganos integrantes del Sistema Anticorrupción, podía solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la información sobre estados de cuenta para combatir el desvío de recursos y lavado de dinero.
Desafortunadamente, admitió, la CNBV no tiene facultades legales para entregar el secreto bancario al ministerio público, no obstante, los convenio de colaboración con las fiscalías anticorrupción pueden facilitar información para las indagatorias contra los actos financieros ilegales.
