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Jaime GUERRERO
Hugo Villegas Aquino, quien debió dejar el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), se amparó ante un Juez de Distrito, para no ser removido del cargo de magistrado de ese órgano jurisdiccional, argumentando que se merma su forma de vida y ya no tendría como mantener a su esposa y dos hijos. Duro 8 años en el cargo, y fue designado en por el Congreso del Estado, a propuesta del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo.
A través del juicio de amparo 576, el magistrado que fue sembrado en el sexenio pasado y hoy protegido por el titular del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas Rivera, pidió la protección del juzgado noveno de distrito, contra los actos desplegados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado; la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro; el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; el Consejero Jurídico, Octavio Tinajero Zenil, entre otras autoridades, para no ser removido, pretendiéndose perpetuar en el cargo.
Villegas Aquino, centró su demanda de amparo en la falta de respuesta a su escrito de 22 de mayo por el cual solicitó la reelección tacita como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. La inminente revocación de su mandato, la designación de Raúl Palomares Palomino, y pidió que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.
Y en una franca desfachatez y ambición económica, buscó ampararse para no ser destituido y se le priven de los derechos que según él tiene adquiridos, “ya que con la determinación de la Presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tiene como efecto destituirme de manera ilegal, pues tal determinación arbitraria, ilegal, inconstitucional e inconvencional, me causa serios perjuicios económicos al suscrito y a mi familia que dependen del producto del salario que me es retribuido como sueldo por desempeñar el cargo de Magistrado”.
“Tal determinación provocaría que deje de proveer a mi familia del sustento económico y nivel de vida que venimos sosteniendo, perjuicios que son da naturaleza irreparable, ya que afectan el proyecto de vida que tenía antes de esta ilegal determinación, y que ni más menos, sin fundamento, de manera arbitraria y en una ignorancia de la legalidad, me causa serios perjuicios que trascienden a terceras personas, y que bajo una determinación política, quieran causarme afectaciones sin mediar juicio previo”, argumentó sin el menor rubor en su ambición económica, pese a que duró 8 años en el cargo.
Villegas Aquino, fue más allá, y justificó al juez que su familia dependen económicamente de él, “por no tener otro ingreso económico”.
“Mi familia que está conformada por mi esposa, y dos hijos menores de edad que están en desarrollo, y que de concretarse la determinación se les causarla serios daños y perjuicios no reparables, ya que de no concedérseme (la ratificación tacita) traerá como consecuencia que se me dé baja de la plantilla de personal, y como consiguiente se me deje de pagar mi sueldo que es la base de sustento para mi familia y demás personas que dependen de ese ingreso”.
Luego de analizar los informes presentados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado; la Presidenta de la Junta de Coordinación Política; el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; el Consejero Jurídico, entre otras autoridades, el juez noveno de distrito, resolvió negarle la suspensión definitiva.
No obstante, en su ambición por el dinero y su cargo, Villegas Aquino, presentó un segundo amparo similar el primero negado, que radicó en el juez primero de distrito, que ahora le concedió la suspensión provisional y lo mantiene en el cargo hasta resolver el fondo del asunto.
