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Jaime GUERRERO
De enero a agosto de 2019, van 40 casos de violencia política y obstrucción de la participación política de las mujeres en la entidad. El número supera lo registrado el año pasado cuando al cierre se reportaron 32.
La diputada de Morena, Eliza Zepeda Lagunas, citó el caso del asesinato de la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos, junto con el delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Hugo Castellanos Ortega.
Según el según el informe “Seguimiento a Casos de Violencia Política Por razón de Género Enero-Agosto 2019” de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), ese fenómeno se presentó más en municipios que se rigen por partidos políticos, con 27 casos. Por filiación de partido político, PRI y Morena incurrieron en la práctica en 9 casos cada uno. Siguió PRD con 3, PVEM y PSD con 2 y el PUP 1.
Hubo 23 juicios iniciados por violencia política entre el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, 5 con sentencia de años anteriores (2018 y 2017), 7 con sentencias de 2019 y 11 juicios pendientes por resolver.
De las 7 sentencias emitidas en 2019, en 6 no se acreditó violencia política por razón de género, pero se decretaron medidas cautelares de no repetición. Sólo en un caso se decretó violencia política.
Del total de los ocurridos en este 2019, en dos se canalizaron a la DDHPO, 9 tuvieron tratamiento por la vía administrativa política, y en 28 se interpusieron Juicios de Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, según el informe de la SMO.
Las formas de violencia política por razón de género fueron focalizadas principalmente en contra de regidoras con 28 casos, munícipes con 6, en tres casos de trato de síndicas, en 4 de ciudadanas y en 1 una empleada municipal.
Esta práctica constituye uno de los obstáculos para la consolidación de la democracia en el país y una grave violación a derechos humanos.
La diputada de Morena, Eliza Zepeda Lagunas, citó el caso del asesinato de la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos, junto con el delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Hugo Castellanos Ortega.
Parral Santos era docente y apenas el pasado mes de enero había sido reelecta para el cargo.
La diputada morenista, lamentó que en general la violencia, y en específico la violencia contra las mujeres, ha aumentado notablemente y sin freno en Oaxaca, debido a que en día después del asesinato de Carmela fue asesinada María Eugenia, de 19 años, en Puerto Escondido. Y dos días después María, de 40 años, en San Agustín Chayuco.
Refirió que en recuento de la asociación civil Consorcio Oaxaca da cuenta, al día de hoy, de 334 mujeres asesinadas en el estado durante lo que va del sexenio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Casi 150 por año, en promedio cinco cada semana.
Van 88 mujeres asesinadas durante este año, y 119 desde que se activó la alerta de violencia de género para Oaxaca.
De acuerdo a Zepeda Lagunas, es difícil no relacionar el asesinato de Carmela con la violencia política por razón de género, que desde el año pasado se extendió y recrudeció contra mujeres que ejercieron su derecho a ser votadas e intentaron ejercer los cargos para los que fueron electas. Como consecuencia, varias de ellas renunciaron y el escándalo internacional obligó a establecer medidas oficiales para evitar, al menos, los efectos políticos de esos hechos.
La violencia política por razón de género busca que las mujeres abandonemos el ámbito público, y en cualquier nivel, leve o grave, es inadmisible, alertó.
Refirió que en análisis de la consultora Etellekt que ya circula en medios precisa que en México la violencia contra mujeres políticas creció 276 por ciento en el primer trimestre de 2019, en comparación con los primeros tres meses de 2018. La mayor parte del crecimiento de la violencia política de enero a marzo se focalizó en las mujeres.
Criticó que en el caso del asesinato de Carmela, la Fiscalía General del Estado informó vía Twitter haber iniciado investigación por homicidio, no por feminicidio, contraviniendo lo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que desde 2017 estableció el acuerdo de que la entonces PGR y las Procuradurías y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas iniciarían la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
