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Jaime GUERRERO
En el 2011 al 2016 Enriqueta Carmen Castellanos quien se ostentaba como poseedora de áreas comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, con documentos firmados por Urbano Ramírez González como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Germán Félix Pacheco como secretario y Ángel Velasco Esteva como tesorero, defraudaron a diversas familias. Incurriendo el presunto uso de documento falso y usurpación de funciones, vendieron lotes de terrenos comunales en el polígono de la zona arqueológica de Monte Albán.
Los precios oscilaban de los 5 mil pesos -de 10 por 10 metros cuadrados, hasta 50 mil pesos, de 20 por 30 metros cuadrados.
El 19 de noviembre, mediante un operativo para el resguardo y medición de la zona arqueológica, los tres líderes mencionados se confrontaron con la policía municipal y estatal para tratar de seguir posesionados del lote.
Actualmente éstos mismos personajes se encuentran encabezando un plantón en inmediaciones de Palacio de Gobierno, bajo argumento de ser personas desplazadas, sin embargo, de acuerdo con información oficial, Luis Enrique Muñiz Hernández tiene su domicilio real en la Colonia Heladio Ramírez, Francisco de Jesús Zárate al igual que Reymundo Benítez viven en la Cabecera Municipal.
Hoy los defraudados se deslinda de esa acción y piden al gobierno del estado, su intervención para encontrar una alternativa de solución.
Alejo Mesinas López, persona afectada con el fraude, adquirió el lote ubicado en la zona conocida como Lomas de Quío a invitación de la señora Enriqueta Carmen Castellanos, quien se dijo dueña del lugar.
“En el 2016 nos dijo: pueden ocupar el lugar pacíficamente y me enseñó documentos en donde supuestamente eran originales. Yo desconocía y desconozco de lo que son las leyes, así que tomamos posesión y comenzamos a vivir”, expuso. La familia pagó por el lote 50 mil pesos.
En el 2011, Francisca de Paz compró un lote en el paraje Quío, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no sospechó que, al tiempo, perdería su dinero en una compra-venta ficticia. “Yo fui defraudada”, expresa con acta de posesión en mano carente de validez. El terreno por el que pagó 50 mil pesos, se ubicaba dentro de sitio arqueológico Monte Albán.
Una de las constancias, detalla que los terrenos fueron vendidos por Enriqueta Carmen Castellanos quien se ostentaba como poseedora de una fracción del terreno de área comunal. El documento fue firmado por Urbano Ramírez González como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Germán Félix Pacheco como secretario y Ángel Velasco Esteva como tesorero.
Aunque en el acta señala que fue en el 2006 la fecha de emisión, las personas defraudadas indicaron que la constancia había sido emitida hace apenas dos años, diez años después de que las autoridades agrarias antes citadas habían dejado el cargo.
Para recibir el pago, solo expedían un escrito a mano en una hoja simple. Sin efecto legal. El acta de posesión carece del aval de la asamblea comunal. Todas fechas en el 2006, pese a que las compras se hicieron en 2011 al 2016.
La autoridad ejidal actual dijo desconoce la cantidad de actas apócrifas que se emitieron, pero calculan que de esta manera Urbano Ramírez y los presuntos líderes, Luis enrique Muñoz del paraje Quío, Francisco Zárate García de Los Manglares y Reymundo Benítez Ignacio del Coquito, defraudaron a decenas de familias con la presunta venta de al menos 12 hectáreas con ganancias de más de 12 millones de pesos.
Mesinas López, al paso del tiempo comenzó a dudar de la certeza legal del predio así que junto con él, un grupo de personas que habían adquirido lotes y que habitaba en la zona buscaron información.
En distintas ocasiones -dijo- el grupo fue disuadido a través de amenazas, de acercarse a las autoridades ejidales en función para corroborar la validez del acta. Días antes del desalojo a la poligonal de Monte Albán, lograron descubrir que habían sido defraudados.
“Fuimos defraudados, los cobros dependían de las personas. A unas personas les cobraron 5 mil por un lote de de 10 por 20 mas otros 5 mil del papel. Nos decían que no eran caros los lotes porque supuestamente era para ayuda de nosotros”, expuso.
Hoy los defraudados se deslinda de esa acción y piden al gobierno del estado, su intervención para encontrar una alternativa de solución.
