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Jaime GUERRERO
Por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), éste jueves, un Juez Federal de Jalisco, libro órdenes de captura en contra de Daniel Camarena Flores, extitular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI); Evencio Nicolás Martínez, ex titular de la entonces, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otros comandantes de esa corporación, en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
Los mandos ministeriales en el sexenio de Ruiz Ortiz, son acusados de ser los probables responsables de las desapariciones forzadas, en mayo de 2007, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los eperristas desaparecieron hace 13 años, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, cuando Ruiz Ortiz era gobernador del estado y Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, “ambos responsables directos”, acusan familiares de los eperristas.
El pasado mes de junio de este 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de los miembros del grupo guerrillero EPR, informó el abogado defensor del caso Sandino Rivero Espinosa.
Fue un juez federal del estado de Jalisco quien libró las órdenes de aprehensión y fueron fuerzas federales las que habrían ejecutado las detenciones, las cuales se realizaron este 6 de agosto.
Entre las órdenes de captura, además de Nicolás Martínez, actual notario; y Camarena Flores, están las de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre ellos Juan José Ramírez, Abel Morales, y otros 4 elementos de la corporación, quienes serían detenidos.
Los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco.
No obstante, hasta las 01:00 horas de este viernes, no se confirmaba la detención del ex procurador.
De su lado -en junio- el abogado defensor del caso, Rivero Espinosa informó en un un comunicado que la SCJN revisará los recursos presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De la misma forma revisará el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los abogados de los familiares de los desaparecidos, y el asunto quedará en la Primera Sala bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat.
“La sentencia definitiva que en su momento emita la Corte tiene la oportunidad histórica de fijar criterios en cuanto a la definición de las facultades de los jueces de Distrito en los casos en que se reclame y se sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada”.
Aún falta, dijo, que la SCJN confirme la creación de una Comisión Especial de Búsqueda para el asunto, la comparecencia de los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007 – cuando desaparecieron – y que se abra cualquier instalación militar para buscar a ambos detenidos desaparecidos.
En enero de este año, los familiares de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pidieron a la Corte confirmar una sentencia de amparo que obliga a la Fiscalía General de la República a esclarecer el caso, y a la Defensa Nacional a abrir sus cuarteles para buscar a los combatientes.
De acuerdo con Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes y Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, el 6 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia que reconocía “la grave violación de derechos humanos” en contra de los eperristas “por parte de agentes del Estado mexicano”.
Pero la FGR y la Sedena presentaron recursos de inconformidad en contra de la resolución, procedimiento que quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que determinó enviar el caso a la SCJN el pasado 12 de diciembre.
Los eperristas desaparecieron hace 13 años, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, cuando Ruiz Ortiz era gobernador del estado y Felipe Calderón Hinojosa jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, “ambos responsables directos”.
El EPR sostiene la corresponsabilidad el gobierno de Enrique Peña Nieto al mantener la misma política que su antecesor y por garantizar protección e impunidad a los autores materiales e intelectuales.
