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Jaime GUERRERO
Solo con las firmas de diputados de Morena y PT que integran la Comisión de Estudios Constitucionales de la LXIV Legislatura, ese órgano legislativo, aprobó un dictamen de reforma al 114 constitucional para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) para crear el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno” y con ello, realizar la depuración de los actuales comisionados de ese “organismo autónomo”, plenamente partidizado.
Éste miércoles, el dictamen será sometido al pleno para su aprobación en primera lectura. La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Entrado en vigor el decreto de reforma constitucional -una vez publicado en el periódico oficial del Estado- se estableció en el transitorio tercero que, el Congreso del Estado “procederá en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto a elegir a los comisionados que integran el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”.
Por única ocasión, los comisionados serán electos para cumplir un periodo de 5, cuatro y 3 años, respectivamente a efecto de cumplir con la sustitución escalonada prevista en el 114 inciso c) de la constitución.
Para asegurar la renovación escalonada de los Comisionados en los primeros nombramientos, el Congreso del Estado, especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración que nombrará a un comisionado cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre de 2025; nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre del 2024; y nombrará un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre del 2023.
En tanto, se integra el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, continuará en sus funciones conforme al orden juridico vigente, los actuales Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Fernando Gómez Cuevas, María Antonieta Velásquez Chagoya (presidente) y Francisco Álvarez Figueroa, quien el 1 de septiembre fenece el cargo para que fue electo.
Inicialmente, la bancada de morena, buscaba aumentar de tres a seis el número de comisionados, no obstante, la bancada morenista reculó, replantearon su propuesta y ahora seguirán en tres, el número de comisionados.
En menos de 10 meses, el Congreso del Estado, ha renovado a dos de tres Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Actualmente, el IAIPO es integrado por Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, comisionado electo el pasado 22 de enero, quien en el procedimiento de elección, confirmó ante diputados y diputadas de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la LXIV Legislatura su afiliación al partido Morena, lo cual le valió ser elegido como cuota partidista en ese organismo autónomo.
El pasado mes de agosto del 2019, María Antonieta Velásquez Chagoya, afín al PRI y ahijada del gobernador Alejandro Murat Hinojosa fue electa comisionada.
La hoy comisionada presidenta del IAIPO, el día que asumió la titularidad de ese organismo autónomo, agradeció al Gobernador de Oaxaca, el haberle conferido el cargo, violando con ello el orden constitucional.
La acción le valió una serie de críticas y amagos con su miras a su destitución vía el Congreso del Estado.
Recientemente, Francisco Javier Álvarez Figueroa -elegido por recomendación del exgobernador Gabino Cué Monteagudo en su periodo de gobierno-, dejó la presidencia de ese órgano autónomo.
Partidizado ese órgano autónomo, la bancada de Morena presentó dos iniciativas de reforma constitucional para modificar la denominación del órgano de transparencia de Oaxaca y de paso depurar las comisiones. La primera fue el pasado 15 de marzo y la más reciente fue el pasado 18 de mayo.
Las iniciativas de reforma constitucional son promovidas por los diputados de Morena, Fredy Delfín Avendaño, Horacio Sosa Villavicencio, Leticia Socorro Collado, Mauro Cruz Sánchez, Migdalia Espinoza Manuel, Magaly López Domínguez, Gloria Sánchez López, Delfina Bautista Velasco, Inés Leal Peláez, Juana Aguilar Espinoza, Alejandro López Bravo, Arcelia López Hernández, Luis Alfonso Silva, Othon Cuevas Córdova y Pavel Meléndez Cruz.
En el dictamen de reforma constitucional, está firmado por diputada de Morena y Presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, Delfina Guzmán Díaz; por el coordinador de la bancada del PT, Noé Doroteo Castillejos; y diputada Elena Cuevas Hernández, de Morena.
Se abstuvieron de firmarlo, la diputada del PRI, Maritza Escarlet Vásquez Guerra; y del PES, Fabricio Díaz Alcázar.
El documento destaca que el Consejo General del Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, estará integrado por un comisionado presidente, quien presidirá el consejo y 2 comisionados ciudadanos, los cuales serán designados por el voto de las dos terceras partes de la diputación presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación.
Durarán en el cargo 5 años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine la ley en la materia. La presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.
Para asegurar la “autonomía” del órgano garante, sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público y privado excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna.
Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.
La iniciativa de reforma pondera que el Órgano Garante tendrá un consejo consultivo integrado por cinco consejeros o consejeras de carácter honorífico y sin goce de sueldo, cuya elección será por voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años.
