#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
Jaime GUERRERO
En cuestión de 4 horas, los acuerdos se truncaron y con ello, la pretensión del diputado de Morena, Fredie Delfín Avendaño que, se aprobara un dictamen de reforma al 114 constitucional para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), cambiándole nomenclatura para dar paso al “Órgano Garante de Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca”.
El morenista al final montó en cólera porque le truncaron su anhelo de que el Poder Legislativo, realizará la depuración de los actuales comisionados de ese “organismo autónomo”, actualmente partidizado.
El dictamen que éste miércoles sería sometido al pleno para su aprobación en primera lectura, solo contaba con las firmas de Morena y PT que integran la Comisión de Estudios Constitucionales de la LXIV Legislatura.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El dictamen fue firmado por la diputada de Morena y Presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, Delfina Guzmán Díaz; por el coordinador de la bancada del PT, Noé Doroteo Castillejos; y diputada Elena Cuevas Hernández, de Morena.
Se abstuvieron de firmarlo la diputada del PRI, Maritza Escarlet Vásquez Guerra; y del PES, Fabricio Díaz Alcázar.
No obstante, en cuestión de minutos, todo dio un giro de 180 grados. Vinieron las llamadas a Cuevas Hernández. Sus jefes políticos y administrativos le “siguieron” cambiar de posición porque Delfín Avendaño solo la estaría utilizando para sus fines personales que es el colocar a actores afines en órganos e instituciones del sistema anticorrupción de Oaxaca. La persuadieron.
Minutos más tarde la diputada de Morena, ingresó un oficio a la Secretaria de Servicios Parlamentarios, en el que notificaba que retiraba su firma de dictamen.
Entre otras cosas, argumentaba que, lo hacía para no incurrir en “algunas controversias constitucionales”.
Persuadida la morenista y con el oficio que garantizaba la caída del dictamen de reforma constitucional, previo al inicio de la sesión, se encerraron en un privado ubicado a un costado del salón de plenos, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Avilés Alvares; de Morena, Horacio Sosa Villavicencio; Guzmán Díaz, Cuevas Hernández y Delfín Avendaño.
Avilés Alvarez, hizo lo que sabe hacer, persuadir, ofrecer y pactar a cambio de no alterar el “estatus quo” que perjudique a su jefe político, pese a que habría ofrecido apoyar la pretensión de Delfín Avendaño.
Con eso, el primer acuerdo de la mayoría de la bancada morenistas se fracturó y no tuvieron más remedio que recular, también por “sugerencia” del Senador de la República, Salomon Jara Cruz, para no trastocar los equilibrios de grupos y acuerdos anteriormente pactados, por lo que sería la prematura salida del comisionado, Fernando Gómez.
Delfín Avendaño recriminó, les dijo que él apoya a la fracción y reprochó que no le apoyaran en su pretensión.
La decisión de recular ya estaba echada. Montado en cólera Delfín Avendaño abandonó el complejo legislativo.
Y es que entrado en vigor el decreto de reforma constitucional -una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado- se estableció en el transitorio tercero que, el Congreso del Estado “procederá en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto a elegir a los comisionados que integran el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”.
Por única ocasión, los comisionados serán electos para cumplir un periodo de 5, cuatro y 3 años, respectivamente a efecto de cumplir con la sustitución escalonada prevista en el 114 inciso c) de la constitución.
Para asegurar la renovación escalonada de los Comisionados en los primeros nombramientos, el Congreso del Estado especificaría el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración que, nombrará a un comisionado cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre de 2025,
a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre del 2024; y designará un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de septiembre del 2023.
En tanto, se integra el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, continuarán en sus funciones conforme al orden jurídico vigente los actuales Comisionados y la Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Fernando Gómez Cuevas, María Antonieta Velásquez Chagoya (presidenta) y Francisco Álvarez Figueroa, quien el 1 de septiembre fenece el cargo para el que fue electo.
Inicialmente, la bancada de Morena buscaba aumentar de tres a seis el número de comisionados, no obstante, la bancada morenista reculó, replantearon su propuesta y ahora seguirá en tres el número de comisionados.
En menos de 10 meses, el Congreso del Estado ha renovado a dos de tres Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El IAIPO es integrado por Gómez Cuevas, comisionado electo el pasado 22 de enero, quien en el procedimiento de elección confirmó ante diputados y diputadas de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la LXIV Legislatura su afiliación al partido Morena, lo cual le valió ser elegido como cuota partidista en ese organismo autónomo.
En agosto del 2019, Velásquez Chagoya, afín al PRI y ahijada del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, fue electa comisionada.
El día que asumió la titularidad de ese organismo autónomo, agradeció al Gobernador de Oaxaca el haberle conferido el cargo, violando con ello el orden constitucional.
La acción le valió una serie de críticas y amagos con miras a su destitución vía el Congreso del Estado.
Recientemente, Francisco Javier Álvarez Figueroa -elegido por recomendación del exgobernador Gabino Cué Monteagudo en su periodo de gobierno-, dejó la presidencia de ese órgano autónomo.
En el dictamen propuesto, se planeta que los comisionados durarán en el cargo 5 años sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine la ley en la materia. La presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.
