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Jaime GUERRERO
A dos años de emitida la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), los feminicidios, desapariciones, violación y abuso sexual se incrementaron en Oaxaca, destaca un análisis realizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el cual advierte que en los 40 municipios con AVGM la desaparición de mujeres pasó de 200 a 336 casos del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018.
En el caso de los feminicidios en el mismo lapso crecieron de 127 a 140, violencia familiar de 166 a 171 y delitos sexuales de 86 a 112.
De acuerdo con los datos recabados por la organización de la sociedad civil, de los 40 municipios con AVGM, 11 concentran la mayoría de los episodios de violencias contra las mujeres: Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino suman 252 casos, Huajuapan de León tiene 103, San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita suman 101, Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza suman 55 y San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla registran 39, Miahuatlán y Putla de Guerrero suman 30 casos.
Eso representa el 74 por ciento de las agresiones a mujeres por razón de género en los 40 municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.
La AVGM emitida para Oaxaca, buscaba abatir las distintas formas de violencia que viven las mujeres con acciones específicas en 40 municipios de la entidad. Hasta el momento, éstas no han dado los resultados esperados ni en contención ni en disminución.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo de protección único en el mundo. Su objetivo es garantizar la seguridad de niñas y mujeres, así como el cese de cualquier tipo de violencia en su contra. El mecanismo señala que los gobiernos tienen la obligación de llevar a cabo acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado.
De acuerdo a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, ese escenario reflejan el negacionismo y la falta de voluntad política del gobierno estatal y de las instancias a su cargo, así como la urgencia de políticas públicas adecuadas que garanticen el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres, tal como lo establece el Artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de eliminar las desigualdades producidas por una política pública que va contra sus derechos humanos.
