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Jaime GUERRERO
Pobladores de la agencia San Miguel Marcos Pérez protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir al presidente municipal de San Juan Teposcolula les entregue los recursos correspondientes a la localidad.
Y es que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate de Corrupción de Oaxaca (TJACCO) resolvió a favor de agencia y ordenó al ayuntamiento la entrega inmediata y retroactiva de participaciones federales, así como la ejecución prioritaria de obras para el próximo año.
La presidenta del Tribunal, Itzel Espinosa Rojas, advirtió que las autoridades que incumplan las sentencias serán sujetas a multas y sanciones administrativas.
Tras una protesta de pobladores frente al Palacio de Gobierno en la que exigían la liberación de recursos de los Ramos 28 y 33 (Fondos III y IV), los inconformes fueron recibidos directamente por las y los magistrados del Tribunal Administrativo y Anticorrupción.
En el encuentro participaron la magistrada presidenta Itzel Espinosa Rojas, los magistrados de Sala Superior Manuel de Jesús López López y Mateo Martínez Martínez, y la magistrada Anneliese Danae Echeverría Clavel, titular de la Sala Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias.
La sentencia establece que el municipio de San Juan Teposcolula deberá entregar mensualmente a la Agencia de San Miguel Marcos Pérez la cantidad de 16 mil pesos por concepto de participaciones federales (Ramo 28), con efectos retroactivos a partir de enero de 2025, cubriendo la diferencia pendiente.
Las obras, proyectos y acciones contempladas en el acta de priorización para el ejercicio fiscal 2025 deberán ejecutarse prioritariamente durante el ejercicio 2026.
Se vincula a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para capacitar al agente municipal, Constantino López Bautista, en la correcta comprobación de recursos.
Asimismo, el tesorero municipal deberá coadyuvar en la integración y comprobación de los recursos asignados.
Para el presupuesto de egresos 2026, el municipio deberá detallar en su clasificador por objeto del gasto los recursos destinados a cada agencia municipal y de policía.
En tanto, se exhorta a habilitar una caja recaudadora en la agencia para captar ingresos propios (impuestos, derechos y contribuciones), que serán enterados a la tesorería municipal.
Durante la reunión, la magistrada presidenta Itzel Espinosa Rojas advirtió que “iremos por la aplicación de multas a las autoridades que incumplan con las sentencias e incurran en ilegalidades”.
Destacó que el incumplimiento de resoluciones judiciales puede derivar en sanciones económicas y administrativas contra los funcionarios responsables.
Los magistrados destacaron la importancia de contar con una sala especializada que resuelva controversias entre ayuntamientos y sus agencias municipales, al brindar certeza jurídica tanto a las autoridades auxiliares como a los habitantes de las comunidades.
Los pobladores de San Miguel Marcos Pérez habían denunciado la ausencia total de obras y la retención indebida de recursos federales etiquetados para infraestructura social básica (FISM) y fortalecimiento municipal (Fortamun), lo que motivó su plantón frente al Palacio de Gobierno y el llamado al Gobierno del Estado para mediar en el conflicto.
